La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos años de prisión, multa de dieciocho meses a razón de una cuota diaria de 10 euros y al pago de una indemnización de 1,4 millones de euros a un acusado por un delito de insolvencia punible.
Los hechos se remontan a julio de 2010 cuando el acusado se convirtió en administrador único de una mercantil cárnica de Olivenza (Badajoz) y adquirió la deuda de la misma que tenía con una entidad bancaria y que ascendía a 6.350.000 euros.
Al mismo tiempo firmó un nuevo préstamo hipotecario con la misma entidad bancaria por un importe de 6.100.000 euros, destinados a la realización de inversiones.
Estas dos cantidades, indica la sentencia, “inmediatamente prácticamente desaparecieron por medio de una transferencia por importe de 1,4 millones que ordenó el acusado a favor de otra mercantil de la que también era administrados único”.
La mercantil cárnica debido a la falta de liquidez tuvo que entrar en concurso de acreedores en marzo de 2011, ocho meses después de la firma del contrato de gestión.
Contra la resolución cabe recurso de casación ante la Sala II del Tribunal Supremo.
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