Su presidenta, Maia Román, señaló que “España, Europa y el mundo se han transformado radicalmente en el último año más y en menos tiempo que nunca antes. De ahí que hayamos querido volcarnos en la innovación y además es el primer congreso que se hace de forma híbrida”.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, también señaló la importancia de invertir en la transformación digital, pero insistió en que “ningún argumento tecnológico debe suponer la más mínima lesión a las garantías del derecho de defensa”.
“En modo alguno se debe permitir el alejamiento de la ciudadanía a la Administración de Justicia, ni procesos donde se debilite la protección de derechos de las personas y de los profesionales encargados de su defensa”, dijo en la inauguración.
“Cuanto más asegurado se encuentre el Derecho de defensa, de mayor calidad será nuestra democracia y nuestro Estado de derecho”, afirmó la presidenta. Por eso, señaló, la importancia que en la reforma concursal se consiguiera la preceptividad de la abogacía, algo que el Consejo reclama también para las víctimas de violencia de género, desde antes incluso de la denuncia.
Ortega destacó que la tecnología ha cambiado el mundo y el modo de relacionarnos. “El 63 % de la población mundial se encuentra ahora mismo en línea. Todo esto tiene una cara B: las fake news y los ataques. La ciberdelincuencia ha aumentado un 257 % desde el 2017”.
En la inauguración también intervino José María Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, quien animó a ser más innovadores para aprovechar las nuevas tecnologías en los despachos, para ser más productivos, pero también desarrollar una abogacía preventiva. “La globalización y las nuevas tecnologías afectan a nuestro ejercicio profesional. Pero el mundo digital es la ley de la selva. Todo eso requiere que innovemos en materia de derecho a la intimidad y protección de datos, para controlar los ciberriesgos”, señaló.
Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo; Pilar Fayos, abogada y José Manuel Niederleytner, decano del Colegio de Abogados de Tenerife
En la última mesa de la mañana de la primera jornada “Relaciones con la Administración de Justicia”, intervinieron Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo y José Manuel Niederleytner, decano del Colegio de Abogados de Tenerife.
Ambos pusieron de manifiesto la importancia de los códigos de buenas prácticas, como el recientemente creado por la Abogacía Española, y los protocolos con los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas para mejorar la eficacia de la Administración de Justicia.
“El objetivo de este Código es profundizar en el respeto de todos los profesionales, más eficacia y lograr una justicia ágil”, dijo Niederleytner, quien aseguró que también “son necesarias nuevas normas, como la que avanza en la conciliación en la abogacía, por la que se suspenderán las vistas por enfermedad del profesional del abogado y que hemos vuelto a pedir al Ministerio”, recordó.
En el último Congreso de Relaciones con la Administración de Justicia, prosiguió, el encargado de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial afirmó que los abogados presentan pocas quejas. “Los jueces reaccionan ante ellas. Los magistrados deben dispensar a abogados las reglas de corrección y respeto, tanto en sala como fuera de ella. A veces no es así. Ocurre todos los días”, explicó el decano de Tenerife.
Otro problema de la Administración de Justicia es la especialización y la necesidad de crear mayores juzgados y competencias, según Cervantes. Junto a esto hay que mejorar la interoperabilidad de los sistemas. “Hay mucha movilidad, mucho interino y poca formación en los funcionarios de los partidos judiciales”, incidió.
Además insistió en la necesidad de fiscalizar el gasto en justicia. “No dotando de más medios o haciendo una mayor inversión vamos a mejorar si no se cumplen unos servicios efectivos, que lleguen al ciudadano”, dijo el decano de Toledo.
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