En este trabajo se tratará la reforma de la ley de procesamiento civil, la 42/2015, que entró en vigor el 1 de enero de este año. Además, se propondrán nuevas reformas que han de realizarse en el mundo jurídico para que se adapte a los cambios de sociedad.
La sociedad ha cambiado por el uso de las nuevas tecnologías. La ley 42/2015, aprobada el 1 de enero de este año, que implanta la LexNET, permite que se presenten documentos las 24 horas del día en cualquier momento por lo que no hay que estar sujeto a estrictos horarios que pueden condicionar un caso.
Además, permite que los jueces se comuniquen con los demandados por correo electrónico y por su número de teléfono, lo que permite el acercamiento entre el ente de Justicia y la gente, así como la facilidad de poder localizar a demandantes.
Otro de los grandes problemas que esta ley resuelve, al menos parcialmente es la enorme burocracia. Las bases de datos y el traslado de expedientes, que es lo que cubre esta ley, permite que siempre quede registro de todo lo que se hace, y que acceder a ello sea mucho más sencillo.
Para mejorar el proceso de juicio verbal, se introduce la contestación escrita a la demanda, por lo que cuando el demandante se presente en el juicio, sepa los motivos que han suscitado la demanda. De esta forma, se posibilitará que las partes acudan al juicio con las pruebas pertinentes y evitando la citación de peritos y testigos que no son necesarios.
A pesar de todas las buenas medidas que incluye esta ley 42/2015, todavía hay muchas posibilidades que no se incluyen en ella.
El ejemplo más claro es el de las declaraciones en los procesos judiciales. Se deben de comenzar a admitir para testificar en juicios las videollamadas. Hay muchos casos en los que la persona no se puede trasladar hasta una sala del juzgado para testificar. Por lo tanto, la admisión de declaraciones por videollamada solo necesitarían una webcam y conexión a Internet.
Pero también hay que tener en cuenta que la innovación no se debe realizar solo en el ámbito de los procesos.
Los hackers, como se denomina a programadores expertos que cometen delitos por internet, han sobrepasado las barreras de nuestros sistemas legales y por tanto, se necesitan nuevas formas de luchar contra ellos.
Teniendo todo esto en cuenta, se deben de crear leyes acordes con estos nuevos delitos y con ellas unidades especiales dentro de los juzgados, especializados en la terminología informática y que comprendan de que delitos se habla y la gravedad que implican, para así poder dictaminar de forma justa y conforme a la ley. Con la creación de grupos especiales en los juzgados, va la creación de despachos de abogados especializados en cibercriminal.
Por tanto, las innovaciones que introduce la ley 42/2015, que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, se han solucionado muchos problemas, pero se puede hacer más.
Isabel García de Paredes Sánchez, estudiante de primer año de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).
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