• El Govern de la Generalitat y el Gobierno de España han acordado, a partir del próximo mes de febrero, ampliar a 140 municipios la limitación de precios de alquiler en aquellas zonas consideradas tensionadas.
• “Vamos a ver una reducción clara de las inversiones de vivienda en Barcelona en detrimento de otras comunidades; y a menor oferta, mayores serán los precios”, advierte el Personal Shopper Inmobiliario de referencia Iñaki Unsain.

La decisión tomada este jueves por la Generalitat de Catalunya de ampliar la limitación de precios de alquiler a 140 municipios declarados como “tensionados” a partir de febrero ha despertado críticas dentro del sector, pues esta nueva política intervencionista podría reducir la oferta, aumentar los precios y dificultar el acceso a vivienda a las familias con menor capacidad adquisitiva, alerta Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia a nivel nacional y Director General de ACV Gestión Inmobiliaria. 

“Estamos ante un error mayúsculo. Intervenir el mercado de la vivienda no solo no va a reducir los precios, sino que lo que va a provocar es que la gente desplazará sus inversiones a otras regiones y van a cambiar los tipos de contrato, provocando un aumento de precios que dejará fuera del mercado del alquiler a las personas con menor capacidad y con menor solvencia”, asegura el ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios).

En ese sentido, el experto muestra su preocupación sobre el aumento de “inseguridad” entre los inversores y promotores inmobiliarios que, ante esta medida, se desplazarán, previsiblemente, a zonas gobernadas por otras fuerzas que no apliquen esta ley, pues vivienda es una competencia autonómica: “vamos a ver una reducción clara de las inversiones de vivienda en Barcelona en detrimento de otras comunidades; y a menor oferta, mayores serán los precios”. 

España sigue necesitando más vivienda social

Otro de los efectos que podría tener esta limitación de precios en el mercado es, en palabras de Unsain, el traspaso de los alquileres de vivienda habitual a los de formato temporal. Otro factor, en definitiva, que es “perjudicial precisamente para aquellos que en teoría el Gobierno pretende beneficiar con esta normativa, es decir, las personas con menos recursos”. 

En contraposición de medidas intervencionistas, el experto recuerda la falta de vivienda social que sigue padeciendo España, pues es este el tipo de hogares a los que pueden aspirar las personas con ingresos más ajustados. “Esto es lo que tiene que hacer el Gobierno, y yo intervenir en los precios; ya lo probaron hace dos ñaños en Barcelona y no funcionó, por eso es tan sorprendente que vuelvan a intentarlo”.