Según la letrada, este ha desarrollado una campaña de acoso contra su integridad física, dificultando su trabajo y generando un clima de hostigamiento.
Ante esta grave situación, la Junta de Gobierno del Colegio decidió respaldar el informe elaborado por la Comisión de Defensa de la Abogacía y otorgar el amparo colegial. Entre las medidas implementadas destacan el acompañamiento institucional durante los procedimientos judiciales y la posibilidad de designar un especialista en Derecho Penal que actúe como acusación si las circunstancias lo requieren.
La letrada afirma que es la primera vez en su trayectoria profesional que se enfrenta a una amenaza de este tipo, “una situación que he decidido abordar con la seriedad que merece”.
La abogada considera que las amenazas están directamente relacionadas con la naturaleza del agresor, pero resalta que su relación profesional con la víctima sigue siendo sólida: “Con mi clienta continúo trabajando con comodidad, ya que es el agresor quien increpa, amenaza e insulta. Esta experiencia incluso ha fortalecido nuestra unión.”
Emma también destaca el respaldo recibido: “He encontrado un apoyo asombroso por parte de los juzgados, la policía, mis compañeros y el Colegio. Este tipo de situaciones deben ser denunciadas siempre ante las autoridades judiciales y los colegios profesionales, para que se adopten las medidas necesarias”.
En cuanto a posibles mejoras en el ámbito judicial y profesional, señala que aunque en general se les facilita el ejercicio de la profesión con dignidad, “en algunos casos puntuales sería necesario un esfuerzo mayor para garantizar condiciones óptimas. Sin embargo, este incidente me ha mostrado que las instituciones están comprometidas con nuestro respaldo.”
El Colegio de Sevilla ha reiterado su compromiso con la defensa de la dignidad, independencia y libertad profesional de sus colegiados. Este apoyo, en su opinión, subraya la importancia del acompañamiento colegial para proteger tanto el ejercicio profesional como los derechos fundamentales de defensa y tutela judicial efectiva.
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