El Colegio de Abogados de Granada ha mantenido esta mañana un encuentro con los representantes de los sindicatos de los funcionarios de la Administración de Justicia para trasladarles las inquietudes y preocupación del colectivo por el impacto que está teniendo la huelga en los profesionales y sus clientes.
“Cuando parecía que la situación se normalizaba tras la pandemia, llegó la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y ahora la de los funcionarios de Justicia, generando una paralización de los procesos judiciales con serias consecuencias para abogados y ciudadanos”, ha expuesto el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, recordando a los representantes de STAJ, UGT, CCOO, CSIF y SPJ-USO que “los letrados cobran cuando se acaban los pleitos y llevamos prácticamente desde febrero sin pasar una minuta”.
Por ello, para evitar que el paro laboral de los funcionarios de Justicia genere más perjuicios de los precisos (como gastos o desplazamientos innecesarios) e impulse la sensación de empatía y comunidad entre operadores jurídicos, la Corporación-también representada por el vicedecano, Antonio Mir, el secretario, Guillermo Padilla, y la diputada Coral Vega- ha solicitado a los sindicatos a que insten a los empleados de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial a que avisen, con al menos 24 horas de antelación, sobre su intención de seguir o no el paro laboral y/o comuniquen esta decisión a aquellos abogados que llamen a los diferentes juzgados preguntando por esta cuestión. Una demanda de la Abogacía granadina que se ha traducido en el compromiso sindical de trasladar esta recomendación a los funcionarios, más cuando a partir del próximo lunes, la huelga adquirirá el carácter de indefinida.
Asimismo, el Colegio de Abogados de Granada también se ha interesado por el estado de las pretensiones y reivindicaciones de los funcionarios de Justicia y ha compelido al Ministerio de Justicia a que negocie con los sindicatos y haga un ejercicio de responsabilidad para poner fin a una situación que afecta a toda la sociedad y cuyos efectos se dilatarán durante años.
“Somos conscientes del daño que provoca la huelga a los abogados y al justiciable, pero el culpable real de esto es el Ministerio de Justicia que ni siquiera se ha sentado con nosotros”, ha comentado Eloy Maza, de SPJ-USO, acompañado por Antonio García, de STAJ, Emilia Suárez, de UGT, Francisco Vílchez, de CCOO, y Silvia Martín, de CSIF. En este sentido, los representantes sindicales han explicado que su objetivo no se limita a una subida salarial proporcional a la lograda por los LAJ, sino que buscan reestablecer su dignidad y que sean incorporados a la mesa de negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que se definan y cataloguen las funciones concretas de los funcionarios, sin que dependan de la delegación de los LAJ, y que se incluya en sus nóminas el complemento retributivo de carrera profesional que les fue reconocido en 2018.
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