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  • Representantes del Gobierno autonómico y local y de la Abogacía, la Judicatura, la Fiscalía y la Procuraduría coinciden en que la construcción de una nueva Ciudad de la Justicia sería la solución más idónea a largo plazo
  • El Consistorio expresa su disposición de ceder a la Junta de unos terrenos en la zona sur de la localidad para albergar esas futuras instalaciones

Representantes de todos los colectivos profesionales del ámbito jurídico y los responsables políticos competentes en la materia han mantenido una reunión conjunta en Motril, promovida por el Colegio de Abogados de Granada, para debatir las posibles opciones de ampliación de la Ciudad de la Justicia del municipio ante la falta de espacio que presentan, a día de hoy, estas instalaciones judiciales.

Para ello, la comitiva, conformada por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el delegado de Justicia, Enrique Barchino, el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes, y el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, entre otras autoridades, han recorrido las actuales dependencias judiciales, comprobando ‘in situ’ la situación de colapso de la sede, y han visitado a su vez unos terrenos en una zona administrativa, al sur de la localidad, que podrían albergar la construcción de una nueva Ciudad de la Justicia.

En este sentido, la primera edil ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía la cesión gratuita de estos terrenos por parte del Consistorio como solución a largo plazo para los problemas de espacio de los juzgados motrileños, los cuales, si bien sólo tienen una veintena de años, han multiplicado por dos su planta desde su inauguración, obligando incluso a que determinados servicios, como el de Medicina Legal y Forense, hayan tenido que buscar emplazamiento en locales cercanos.

“La creación de un nuevo edificio en esta zona sería la opción ideal si pretendemos aportar una solución de futuro que nos permita disponer de un espacio adecuado para los próximos 25 o 30 años”, ha señalado el representante de la Abogacía granadina, para quien la ampliación de la actual sede utilizando el aparcamiento adyacente puede provocar que se repita la presente situación de hacinamiento a corto plazo, además de los impedimentos técnicos que supone construir en una zona urbanizada y sobre una edificación ya operativa. “No estamos hablando sólo de deficiencias estructurales, sino de la implantación de nuevos juzgados como el Contencioso-Administrativo o un juzgado específico de Violencia de Género”, ha apuntado García Chamorro.

Una valoración que ha sido compartida por todos los operadores jurídicos y representantes públicos presentes en el encuentro, entre los que también se encontraban el delegado de Turismo, Gustavo A. Rodríguez; la jueza decana de Motril, María Ángeles Ballesteros; la directora del Instituto Anatómico Forense, María Nieves Montero; responsables de la Fiscalía y la Procuraduría de Motril; así como el vicedecano del Colegio de Abogados, Antonio Mir, y el delegado de la Corporación en el municipio, José Rojas.

“La Administración ya tiene la conformidad de los colectivos profesionales implicados y la colaboración del Ayuntamiento; ahora necesitamos corroborar que también existe voluntad política por su parte para este nuevo proyecto para ponernos a trabajar en él de forma coordinada”, ha puntualizado Cabrera, quien ha adelantado que el Colegio de Abogados de Granada invitará a al vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, para que pueda conocer de primera mano las carencias que sufren las sedes judiciales de la provincia, entre ellas, Motril.

Por su parte, el delegado de Justicia se ha comprometido a trasladar la propuesta a la Dirección de Infraestructuras, por lo que ha solicitado al Ayuntamiento la elaboración de un informe técnico sobre la viabilidad urbanística y económica de una nueva sede judicial para Motril, partido en el que el Plan de Reactivación de la Justicia de la Junta ha reforzado el Juzgado de lo Penal y dos de sus juzgados mixtos con tres funcionarios, tres días a la semana, según ha explicado el responsable autonómico.




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