La segunda edición del renovado Foro Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid ha contado este jueves con la participación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha desglosado en su intervención las prioridades del Gobierno en materia legislativa para el presente curso político y en el marco de la próxima presidencia española del Consejo de la UE. Con un balance actual de 208 leyes aprobadas desde el inicio de la legislatura, Félix Bolaños ha anunciado que el objetivo es aprobar un total de 117 normas en 2023, de las cuales dos terceras partes responden a transposiciones de directivas europeas y al cumplimiento de compromisos adquiridos con la Comisión para el reparto de fondos comunitarios. En la esfera europea, la regulación del mercado eléctrico en base a las propuestas españolas será uno de los puntos destacados en el próximo semestre.
Para afrontar los retos legislativos en el marco de la presidencia europea del Gobierno de España, la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, le ha invitado a apoyarse en el ICAM como mayor Colegio profesional de Europa: “Las mejores presidencias del Consejo de la UE se han caracterizado por ser capaces de crear espacios que fomenten la participación, el dialogo y la actividad de su sociedad civil. Por ello, desde el ICAM, como institución de referencia de la abogacía europea, garantes del Estado de derecho y defensores de la seguridad jurídica, tenemos la firme voluntad de ser una de las instituciones especialmente relevantes en esos espacios que son, en nuestra opinión, de suma importancia”, ha señalado Winkels
Además, ha recordado que la Junta de Gobierno es una “firme defensora del proyecto europeo y ha adquirido el compromiso ineludible de tener una mayor presencia y participación”, al ser allí donde se gestan las líneas políticas y legislativas europeas que afectan de manera directa al ejercicio profesional de la abogacía en casos como el secreto profesional.
De especial relevancia para el sector es la regulación europea de los Colegios Profesionales que, tras las recientes Sentencias del Tribunal Supremo, ha dejado “al legislador español en la obligación de resolver la incertidumbre jurídica en la que ha quedado la cuestión de los baremos con precios orientativos de servicios profesionales para la tasación de costas en litigios legales”, ha señalado la vicedecana del ICAM.
También ha tenido palabras Isabel Winkels para la defensa del turno de oficio recordando que España es el país europeo con más asuntos de Justicia Gratuita por cada 100.000 habitantes -3.379 frente a 734 de media-, pero es uno de los que menos pagan cada caso -178 euros, mientras que la media europea es de 462. “¿No puede ser la Presidencia española una oportunidad también para apuntalar la dignidad y condiciones del Turno de Oficio?”, ha preguntado la vicedecana.
Para avanzar en estos y otros desafíos legislativos, el ICAM se ha ofrecido a colaborar y asistir al Gobierno de nuestro país en esta histórica ocasión como es la presidencia española de la UE. “Un ofrecimiento que hacemos extensivo para lograr, en nuestro país, un muy necesario Pacto de Estado por la Justicia”, ha concluido Winkels.
Agenda normativa
Por su parte, el ministro Bolaños ha abordado en su intervención la agenda normativa gubernamental para lo que resta de legislatura, en la que esperan sacar adelante 117 normas, figuran proyectos legislativos de gran importancia para el sector legal como la regulación de los grupos de interés –“en España no tenemos legislación y es importante que la tengamos”-. También está prevista la aprobación de la ley de trata dentro de una “agenda de ampliación de derechos y libertades” en la que destacan dos grandes iniciativas, la Ley de Familias y la Ley de Vivienda.
En lo que atañe directamente al mundo de la Justicia, Bolaños se ha referido a las distintas prioridades establecidas en el Plan Justicia 2030 para “dar por fin ese paso adelante” tan reclamado en el sector. “La Justicia nunca ha sido una prioridad para los gobiernos y por eso nosotros lo que hicimos fue crear un plan estratégico, ver lo que necesitaba la Justicia, por dónde podíamos caminar y cuál era el objetivo final. Porque una justicia que sea ágil, rápida, previsible, es un factor económico muy relevante”, ha afirmado. Un elemento, el de la seguridad y la previsibilidad de la Justicia, “que los grandes inversores, los fondos y las empresas” tienen muy en cuenta en sus planes de negocio.
Con ese objetivo de mejorar la Administración de Justicia, Bolaños ha mencionado normas en tramitación parlamentaria y que esperan aprobar este año como son la ley de eficiencia digital “para dar ese paso definitivo” hacia “las vistas telemáticas, la digitalización de la documentación, la interoperabilidad de los distintos sistemas o la utilización de técnicas de Inteligencia Artificial”. Además, mediante la ley de eficacia organizativa y la ley de eficacia procesal el Gobierno aspira a modernizar la propia organización, “dar una vuelta a algo que nos acompaña desde hace más de un siglo como son los juzgados de paz, constituir los tribunales de instancia...es decir, dar avances para que la organización de la Justicia sea más ágil y más moderna en nuestro país”.
También ha destacado el ministro los avances en materia de tutela judicial efectiva tras la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, en la que se establecen “por primera vez distintos elementos que garantizan el ejercicio del derecho a la defensa”, así como el fortalecimientos de la justicia gratuita a la JG, que es tan importante para personas que tienen dificultades económicas con un Reglamento de “que todavía se tiene que implementar en su totalidad y somos conscientes que hay que seguir avanzando”.
Preguntado sobre la voluntad del Gobierno para impulsar una subida de los baremos del Turno de Oficio, el ministro ha reconocido que “son muy bajos” y eso “acaba redundando en un peor servicio al ciudadano”. Sin embargo, y a pesar de admitir la necesidad de tener unos baremos “que se adapten más a la realidad social de la abogacía”, es una de las carpetas “que están abiertas” pero no existe el compromiso de subirlos.
Presidencia europea
Respecto a la próxima presencia semestral del Consejo de la UE, para Bolaños se tratará de “la culminación de una legislatura donde el peso de España en el panorama internacional es indudable”. En materia legislativa, según ha explicado, se seguirá seguir diseñando “lo que ha de ser necesariamente un proceso que lleve a Europa a tener autonomía estratégica en materia energética”. Así, y desconociendo aún los expedientes legislativos concretos que se heredarán de la presidencia, el ministro ha asegurado que se hablará de la reforma del mercado eléctrico y que la propuesta española trasladada a Bruselas será el borrador sobre el cual se pueda empezar a trabajar.
Otro de los propósitos durante la Presidencia de turno será firmar un nuevo pacto de inmigración y asilo para responder conjunta y rápidamente a los fenómenos migratorios. Este pacto, ha detallado el ministro, “tiene que partir de algunos principios que en Europa, de manera teórica, se formulan con mucha facilidad y que luego en la práctica cuestan". Porque "si el espacio Schengen es único, la política migratoria debe ser única. De manera que si hay una guerra en Ucrania que afecta directamente a la frontera con Polonia, no puede ser que Polonia tenga que acabar recibiendo a la totalidad de los refugiados que vienen de Ucrania. Al igual que toda la migración que viene de África y que normalmente puede entrar por España o por Italia, no puede ser que los países del norte se desentiendan de lo que España o Italia están recibiendo", ha concluido.
Manifiesto por la conciliación
Con motivo de su participación en el Foro, la Junta de Gobierno ha presentado al ministro el “MANIFIESTO POR LA CONCILIACIÓN DE LA ABOGACÍA”, una iniciativa con la que buscan concienciar a las instituciones de la necesidad de facilitar la conciliación a quienes ejercen la abogacía e impulsar los cambios legislativos precisos para lograrlo
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