La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda presentada por UGT contra GlovoApp23 S.L. y dos directivos de esta compañía por dos reuniones mantenidas con los repartidores en noviembre de 2020 en las que la empresa les explicaba los beneficios de mantener con ella una relación de autónomos y no laboral.
UGT consideraba que las reuniones telemáticas, celebradas entre el CEO de Glovo S.M. y el responsable de asuntos públicos M.F. con unos 400 repartidores, tuvieron lugar en el momento en que ya había un pronunciamiento del Tribunal Supremo en favor de la laboralidad de los repartidores, cuando estaba abierto el diálogo social y antes de que se dictara el Real Decreto Ley 9/21 que ha fijado la presunción de laboralidad de este colectivo.
Además, según UGT, Glovo convocó a sus repartidores a reuniones en las que realizó referencias peyorativas de los sindicatos y promovió que se asociaran como autónomos en lo que considera constituye un acto de injerencia antisindical.
La compañía demandada, por contra, reconoció la existencia de asambleas cuya finalidad era informar de la situación referida a los debates existentes sobre la relación entre estas empresas y los repartidores, expresando, en ejercicio de su libertad, su opinión al respecto. Añadía que no se realizaron manifestaciones contrarias a ningún sindicato ni promovía que se afiliaran a ningún tipo de organización.
La Sala subraya el contexto en que se produjeron las dos reuniones, esto es, después de que el TS por primera vez se decantara por calificar como laboral la relación entre repartidores y plataformas y cuando la controversia estaba en manos de los agentes sociales y antes de que el legislador se pronunciara, en mayo de 2021, introduciendo la presunción legal de relación laboral con el Real Decreto 9/21.
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Ninguna norma impide a la empresa reunirse con los trabajadores
La Audiencia explica que ninguna norma legal impide que el empresario pueda reunirse con sus empleados, con los que voluntariamente decidieron conectarse telemáticamente, máxime cuando no consta que a ninguno se le obligara a asistir, así como que tampoco hay norma legal que impida que esas reuniones tengan por objetivo la expresión por su parte de su criterio, sin duda interesado, de que la relación entre los repartidores y la plataforma no sea de naturaleza laboral sino civil.
“Ninguna norma legal impide que en esas reuniones el empresario intentara convencer a los repartidores de su postura e incluso de que a ellos les resultaba más beneficiosa. Ninguna norma legal tampoco habría impedido que UGT se reuniera con los repartidores de la empresa para expresarles su posición sobre la controversia, decantándose en favor de una relación contractual laboral. Tampoco le hubiera impedido a UGT que en esas reuniones fomentara su afiliación al sindicato”, indica la Sala.
Por lo tanto, concluye el tribunal, la convocatoria de las reuniones que GLOVO realizó los días 19 y 20 de noviembre de 2020 con sus repartidores “encuentran cobijo legal en el derecho de reunión, art. 21.1 CE y lo que en ellas se trató en el art. 20.1.a) CE. ”El empresario no tuvo voluntad antisindical".
Para la Sala, del contenido de lo tratado en dichas reuniones o de su objetivo: decantar a los repartidores en favor de una relación no laboral y de propuestas tales como invitar a los repartidores a que adoptaran medidas colectivas o se adscribieran a asociaciones de autónomos existentes, “no se infiere que el empresario interviniera con una voluntad antisindical y menos con intención de perjudicar a la UGT demandante”.
“Como se ha indicado el objetivo de las reuniones no era que los repartidores se afiliaran a un sindicato fomentado por el empresario, ni denostar a la UGT demandante como tal organización en defensa de los trabajadores, ni amenazar a los repartidores si se significaban en favor de la relación contractual laboral ni de su afiliación a UGT, sino intentar convencerles de que mantener con la plataforma una relación de autónomos les resultaba más beneficioso que una relación laboral”, apunta. Por tanto, “no se aprecia ninguna actuación calificable de antisindical en esta conducta”, señala la sentencia.
“En el caso actual no existe amenaza alguna a los repartidores sino la mera expresión de la opinión empresarial, que podrá ser sin duda no compartida por el sindicato demandante e incluso tampoco por el legislador, tal como resulta de la lectura del RD Ley 9/21, pero ello no conduce a que el objeto controvertido en este proceso: las reuniones habidas los días 19 y 20-11-2020 conculcan la libertad del sindicato demandante por lo que de conformidad con las conclusiones alcanzadas por el Ministerio Fiscal, la demanda se desestima de plano”, concluye.
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