Con motivo de la celebración de San Ivo, el Colegio de Abogados de Zaragoza, ha concedido a la Fundación Abogacía el Premio ´Valores Sociales San Ivo 2021`, en reconocimiento a la labor desarrollada en defensa de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo y del ejercicio de la Abogacía. El galardón lo ha recogido Carlos Carnicer, anterior presidente del Consejo General de la Abogacía y presidente honorífico de su Fundación. Ortega ha destacado la figura de Carnicer por hacer de “la defensa de los derechos humanos una forma de vida”

El Premio Valores Sociales San Ivo 2021 a la Fundación de la Abogacía supone el reconocimiento a “un compromiso, al de una Abogacía que quiere ser fiel a unos principios y valores que son irrenunciables, los de un profesional que se implica y que nunca permanece equidistante o indiferente a las realidades del mundo”, ha afirmado Ortega.

La presidenta de la Abogacía Española, ha puesto en relieve que “hay conciencia social sobre que los derechos fundamentales de las personas no son negociables, que la corrupción es un delito y uno de los más graves, que las minorías tienen derechos, que no son una parte invisible o innecesaria de la sociedad”.

En su discurso, Ortega, ha manifestado que “nunca se ha sabido tanto sobre las violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y eso hace más difícil que hoy queden impunes”, aún así siguen existiendo una enorme brecha social. Y ha puesto de ejemplo lo vivido estos días en Ceuta y Melilla. “Todos somos conscientes del drama de millones de personas inmigrantes. Van a seguir llegando a Europa, van  a seguir cruzando fronteras, tengan o no tengan valla, o a través de la mar, aunque muchos mueran en el intento”, la presidenta de la Abogacía ha añadido que “no tomar partido es un acto de cobardía, podemos optar por jubilar los derechos humanos ahora que cumplen 72 años o podemos ponerlos en el centro de nuestros objetivos, podemos mirar a otro lado o alzar la voz para defenderlos. La Abogacía optó por lo segundo y, encabezada por Carlos Carnicer, hace ya casi 20 años, constituyó la Fundación Abogacía Española”.

En otro orden de cosas, la presidenta del Consejo General de la Abogacía ha asegurado que por delante hay ahora muchos retos, “desde leyes y reformas cruciales para la los profesionales como mejorar la calidad de nuestra arquitectura jurídica, la reclamación de mayores condiciones para la conciliación y desconexión digital, el tratamiento de la asistencia a la justicia gratuita o el avance en las medidas consecuencia de la pandemia del covid”.

Declaraciones a las que ha añadido que “la Abogacía va a estar ahí, donde se le reclame y se le necesite y ofrece su colaboración al desarrollo de un ordenamiento jurídico que posibilite en toda su amplitud el derecho a una tutela judicial efectiva pero va a exigir también el reconocimiento de derecho de defensa como pilar del estado de derecho, como pilar de la paz social”.

Por su parte, el decano del Real e ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha recordado que durante la pandemia la Abogacía no se paró y que “está generando un paquete de reformas legales, quizá por cuestiones que deberían hacerse abordado hace tiempo, pero que se hacen ahora y veremos cómo salen”. El decano ha incidido en que espera que “la solución de la Justicia, de la Administración de la Justicia, no se lleve por el perverso mecanismo de limitar el acceso de los ciudadanos a los tribunales”.

El decano recordaba que desde hace una década ha habido ejemplos “desde la modificación de los criterios en la imposición  la imposta de costas procesales en  la jurisdicción contenciosa cambiando el principio de la buena fe al del vencimiento objetivo; la ley de tasas o la despenalización de las faltas son mecanismos para evitar pleitos y procesamientos judiciales”, a lo que ha añadido que otros de esos mecanismos perversos pueden ser las “actuaciones de las autoridades de defensa de la competencia limitando, de manera absurda, que pueda haber criterio de honorarios cuyo efecto es el desconocimiento de los ciudadanos de los costes de un proceso y por lo tanto se disuade de asistir a los tribunales de Justicia”.