• Este comentario es continuación de la serie de “demagogias tributarias”, y particularmente complemento de la anterior entrega, referida a la lucha contra el fraude “interno” (español, pero trasladable –mutatis mutandi– a la mayoría de los países occidentales). Conviene por ello partir de lo dicho en este último, para evitar reiteraciones y abordar directamente lo sustancial, que son las “particularidades” del problema fiscal internacional y la lucha contra el “supuesto fraude” existente en ese ámbito.

¿”fraude” legal?

Para ello debemos empezar, otra vez, por insistir en que lo que suele llamarse fraude, normalmente no lo es. De hecho, lo más recurrentemente criticado –política, periodística y socialmente– no es fraude, sino que es una reconocida forma legítima de organización para pagar los menores impuestos posibles. No es una opinión personal, es una cuestión terminológica de base, cuando se la legislación aplicable, no hay fraude alguno. Y en las planificaciones fiscales de las más conocidas multinacionales, a las que nos referimos, normalmente –muy mayoritariamente– eso es lo que sucede. Aunque luego se pretenden degradar públicamente calificándolas de “agresivas” o incluso “abusivas”, y contra las mismas se despliegan últimamente grandes campañas políticas, la principal auspiciada por la OCDE–. Lo que hace la OCDE es proponer medidas legislativas a los Estados –no pude hacer otra cosa–, precisamente porque en su estudios parte de la necesidad de reconocer que las multinacionales están cumpliendo con la legalidad vigente. Por lo tanto, parte de reconocer que no persigue en sus más recientes propuestas el fraude, sino “la planificación fiscal agresiva”. Expresión manifiestamente manipuladora y sensacionalista, que viene a decir que –a los países miembros de la OCDE, por cierto los países más desarrollados– no les gusta el resultado de la aplicación de su leyes por parte de las multinacionales.

La campaña global, que indudablemente se refiere a una cuestión muy compleja y ciertamente sensible, termina con que la traducción –política, periodística y social– a nivel local es que las multinacionales son grandes defraudadoras a nivel global. Y todos tan anchos. Y el enfado se alimenta con alegres –y populistas– conclusiones como que “las multinacionales pagan menos de lo que deben”, o menos que “las pequeñas empresas”. Cuando lo primero es jurídicamente absurdo, porque si cumplen la ley es porque pagan “lo que deben”, y otra cosa es que alguno quisiera que pagaran más, pero eso no es exigible, no “se debe” más que lo que la norma prevé. Y lo segundo es una falacia que suele partir de errores –o manipulaciones– de los datos, y de comparar peras con manzanas (no solo cosas grandes con pequeñas, sino cosas distintas).

Mención aparte merece el recurrente concepto de “paraíso fiscal”, de poliédrica significación y uso. Y la automática identificación que suele hacerse entre la relación con uno de esos territorios y el “fraude”. Cierto es que el fraude implica ocultación o engaño, y que para ello se pueden usar también territorios que tienen, o han tenido, la consideración de paraíso fiscal. Pero esta no es una cuestión tributaria, no se deriva de sus impuestos, sino de la ausencia de información o falta de intercambio de la misma. Si un delincuente se esconde en un lugar, no es porque pague pocos impuestos, sino porque le ofrece seguridad. Esto es lo que, en su caso, posibilita el fraude, pero no necesariamente un régimen fiscal más o menos favorable o específico, que de eso hay en todas partes y además puede ser perfectamente legal (luego volveremos sobre ello). Y la posibilidad de ocultación, puede darse tanto en una remota y minúscula isla del caribe o el pacífico, como en un consolidado y céntrico estado de la primera potencia mundial. Y cada vez más en estos últimos lugares.

Pero, nuevamente, la confusión viene siendo convenientemente alimentada por los medios, que en este punto también hacen el juego sucio de asociar implícitamente determinados territorios, y cualquier forma de relación con ellos, con la “suficiente sospecha” de ser un defraudador. Si ese dato tiene explicación y es perfectamente legal, ya se verá, que lo demuestra, que de momento es noticia.

¿problemas nuevos?

El segundo punto de atención, en la “dimensión pública” del “problema” de la planificación fiscal internacional y de los paraísos fiscales, es la importancia y gravedad que parece haber adquirido recientemente. Y la lucha desatada contra ambos, oportunamente escenificada con manifiesta indignación ostentosos aspavientos. Cuando: ninguna de ambas cuestiones es nueva, en absoluto; y la causa de ambas se encuentra en las propias políticas legislativas, y configuraciones políticas y económicas, de los países desarrollados, ahora tan “ofendidos”.

Como decimos, la planificación fiscal internacional es cuestión ya “antigua”, con similares criterios jurídicos y organizativos, que son públicos y notorios. De hecho viene siendo objeto de regulaciones parciales que evolucionan progresivamente. Cierto es que el proceso de globalización ha incrementado el problema, cuantitativamente –las transacciones internacionales son más– y cualitativamente –el componente tecnológico dificulta la identificación, localización y control de esas transacciones–. Pero esto no ha sucedido de repente, de un día para otro, ni es cosa de los últimos años. Lo que sí ha sucedido más recientemente es:

1. Que como consecuencia de la crisis internacional, los Estados desarrollados –precisamente– han incurrido en déficits presupuestarios insostenibles con recaudaciones “ordinarias”, por lo que además de incurrir en galopantes endeudamientos públicos, han exacerbado su celo por “complementar” la recaudación tributaria.
2. Y en ese contexto, la “batalla” por la recaudación entre los propios Estados –por el reparto del pastel de las multinacionales–, se ha alimentado también con diversos “escándalos” de supuestos tratos de favor “particulares” o “privilegiados” (LuxLeaks, Irlanda…).

Esto es lo que ha hecho que “de repente” todos sepamos “lo malas y defraudadoras” que “justo ahora” han pasado a ser las multinacionales. No son sus nuevas formas de actuar, sino las circunstancias económicas y políticas, auspiciadas por la publicidad, las que han llevado a las haciendas públicas a “dimensionar” este problema con nuevo parámetros, y a utilizarlo en el debate público como “diana”. Así que, de paso, igual que en la crisis financiera “los mercados” eran un chivo expiatorio de indudable utilidad populista, en la crisis de la financiación pública, las “multinacionales” cumplen a la perfección el mismo papel. Y todos contentos, porque así la culpa de todos nuestros males siempre la tiene “otro”, nunca los Gobiernos que están precisamente para salvarnos de tan pérfidos enemigos.

En cuanto a los “paraísos fiscales”, tampoco son inventos recientes ni han sido descubierto por una asociación de periodistas a través de los “papales de panamá”. El problema es antiguo, incluso estaba ya de capa caída desde un punto de vista fiscal, porque la utilización por redes de delincuentes diversos, incluyendo la corrupción pública de determinados países, y especialmente del terrorismo internacional, había hecho ya de ellos un objetivo a determinados efectos. Estaban siendo conveniente y selectivamente “reconducidos” por las grandes potencias –en concreto de la que tiene capacidad para imponer transformaciones de este tipo–. Y sí además resulta que la “excusa” ha servido para atraer a sus jurisdicciones el flujo y reposo de capitales internacionales, miel sobre hojuelas.

Sin olvidar que también concurre aquí la “sensibilidad política” a determinados escándalos. La contribución periodística a este respecto ha sido la puesta en escena de una “repentina preocupación” y el consecuente anuncio de “medidas drásticas” al respecto. Como si se hubieran enterado del problema por la prensa. En definitiva los llamados “paraísos fiscales” no son nuevos, como decimos, pero sí lo es su tratamiento internacional –desde los países desarrollados, eso sí–, lo curioso es que esto no se debe a motivaciones fiscales, principalmente, sino de tipo político, geopolítico y, a lo sumo, geoeconómico. No olvidemos que la mayoría son territorios vinculados, de uno y otro modo, a países “respetables”.

¿y la culpa?

Pues al final, y aún con todo lo dicho, resulta que se ha conseguido que el debate público apunte como culpable de todos los males a las entidades privadas que legítimamente buscan un ahorro –en beneficio de sus accionistas, de sus clientes, de sus empleados…–, y que lo  consiguen aplicando la Ley. Y nunca –o casi– se dirija a quienes hacen las normas que permiten esos ahorros –según ellos mismos, inaceptables–. No solo es que debieran ser más diligentes en las normas para un “mejor” reparto de la carga fiscal. Sino que lo que se obvia –y es un obviedad– es que la causa real de que exista planificación fiscal internacional, es que los Estados que las combaten, establecen primero su condición de posibilidad: las diferencias de tributación por la misma riqueza, según el territorio. Si todos los impuestos fueran equivalentes la planificación no tendría sentido, solo se justifica porque unos pretenden cobrar más que otros.

Y también porque, al mismo tiempo, los mismos Estados establecen deliberadamente “incentivos fiscales” para tratar de atraer inversiones, empresas, residentes… Que naturalmente consiguen a costa de los demás Estados. No estamos hablando de estrategias de paraísos fiscales, sino que todos los países se apuntan a esa “competencia fiscal” internacional, incluso diría que de manera creciente y preferente los países desarrollados. Algunos de los que luego más se quejan. Cada uno desarrolla hasta donde puede su capacidad y habilidad en este campo, y hacen gala y publicidad de sus “regímenes fiscalmente atractivos”. Con lo que crean el problema, y lo alimentan, aplaudiendo sus efectos cuando les benefician, pero criticando y combatiéndolos cuando entienden que les ha perjudicado. Los que ponen las reglas del juego (los Estados): defienden con uñas y dientes su derecho a esa “competencia fiscal entre ellos”; pero siempre critican a los jugadores que aplican esas reglas en su legítimo beneficio; y entonces amenazan con expulsar a los jugadores, al más puro estilo del dueño de la pelota en el patio del colegio. Y todo ello en un alarde de hipocresía, consistente en poner siempre el foco en la paja del ojo ajeno.

No tenemos tiempo/espacio para profundizar en la solución, lo que está claro es que los contribuyentes pueden –y deben– contribuir mediante la transparencia y la diligencia en el cumplimiento –y en la mayoría de los casos ya lo están haciendo–. Pero que la clave efectiva y la solución última pasa por un sistema tributario global justo y eficaz, desde su configuración normativa hasta su aplicación. Es decir, que los Estados adopten la perspectiva adecuada y se decidan a –siguiendo con las referencias bíblicas– edificar la legislación interna y sus relaciones internacionales sobre “roca firme”. Pues hasta el momento lo han hecho, por interés particular, sobre arenas movedizas, o sobre fango –político–.