Texto de Soledad Becerril
“La Unión Europea, ante la llegada de miles y miles de personas provenientes de países en guerra, como Siria, y de otros lugares por persecuciones, por ideas políticas o religiosas, por guerras entre etnias o por hambre, asignó en septiembre de 2015, a estados europeos la reubicación de 170.000 personas, provenientes de Italia y Grecia, pues era y es a estos dos países a los que llegan una gran mayoría de ellos. Sólo en Italia, del 1 de enero al 27 de abril de 2017, han desembarcado 36.883 personas, frente a las 27.058 del mismo período en 2016. Estas son las magnitudes.
España se comprometió a acoger a 8.456 personas, y hasta la fecha han sido 876 las acogidas. Hay que tener en cuenta que a nuestro país llegan, además, directamente desde las costas del Mediterráneo cientos de personas y otros cientos entran en Ceuta y Melilla, desde Marruecos. Pero para cumplir el compromiso europeo adquirido deberíamos acoger a 7.580, de aquí al mes de septiembre. Esta última cifra nos hace preguntarnos donde radican los problemas o dificultades para que las acogidas resulten tan complicadas, y los números tan bajos en España.
Para tratar de entender cómo es el proceso de reubicación, la institución del Defensor del Pueblo ha realizado una visita, con la ayuda del “Garante nacional de personas privadas de libertad de Italia”, a Trapani, uno de los cuatro “puntos clave” (hotspot) de acogida de aquel país. En Trapani, lugar al que a lo largo de 2017 han llegado 4.000 personas, se ha remodelado un antiguo centro de internamiento que puede acoger hasta más de 400 emigrantes de los que desembarcan en los puertos más cercanos. Aquí se hacen reconocimientos médicos y complejas identificaciones antes de ser, nuevamente, trasladados a otros centros desde donde salir hacia países europeos. Los datos de Italia muestran que el mayor número de personas reubicadas lo son en Alemania, Noruega, Finlandia, Suiza y Holanda.
Todo hace pensar que los procedimientos, por una parte, para decidir las personas, las familias, los lugares de destino, y por otra, contar con la disponibilidad de los países que reciben, requieren mucho tiempo. Sólo así se puede entender que si en el primer lugar de acogida, tras el desembarco, no están más de dos o tres días, tienen que existir algunas razones por las que sólo han llegado a España, al 12 de abril, 144 personas de las desembarcadas en Italia.
Los problemas, pues, parecen estar aquí y allí: en los “puntos clave”, en los segundos centros a la espera de ser transferidos, y, posiblemente, en la disponibilidad y aprobación del estado que acoge.
En España, de acuerdo con la distribución de competencias de las varias administraciones, es evidente que la cooperación y acuerdos entre el ministerio del interior, la secretaria general de inmigración, las comunidades autónomas y los ayuntamientos resultan imprescindibles para facilitar las llegadas y hacer posible las reubicaciones posteriores. ACNUR (Agencia de Refugiados de Naciones Unidas), tanto en Italia como en España, comparten esta necesidad y apelan, junto con el Defensor del Pueblo, a un acuerdo entre instituciones para lograr hacer realidad lo prometido”.
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