Durante las XXXVII Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica, celebradas del 24 al 25 de mayo en el Colegio de Abogados de Ciudad Real, hubo un clamor unánime –tanto de los asistentes como del representante del Ministerio de Justicia- para estudiar la modificación de la prueba de acceso para el ejercicio profesional de la abogacía.
El director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Joaquín Delgado Martín, reconoció que el modelo actual de formación del abogado y del sistema de acceso a la profesión “no satisface” al Ministerio de Justicia.
El representante del Ministerio reconoció ante los asistentes que desde hace meses llevan trabajando con el Consejo General de la Abogacía Española para construir un nuevo sistema de acceso. Estas reuniones entre Abogacía y el Ministerio de Justicia se sustentan en dos principios fundamentales. Por un lado, que el nuevo sistema de acceso debe fomentar el carácter práctico para acreditar el ejercicio profesional. Para ello, el Ministerio de Justicia está abierto a las propuestas que se realicen porque “no tenemos cerrado ningún modelo”, aseguró Delgado.
Como segunda idea fundamental, el representante del Ministerio destacó que el sistema que se apruebe tendrá una gran dificultad para llevarse a la práctica y recordó que el art. 7 de la Ley de Acceso propone que “la evaluación de la aptitud profesional tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado”.
Joaquín Delgado defendió que no es necesario modificar la Ley de Acceso 34/2006, sino que bastaría con modificar el Real Decreto de 2011 que aprueba el reglamento; y sobre esta base se dirige la actuación normativa del Ministerio de Justicia.
El director general aseguró que el Ministerio está trabajando sobre la idea de modificación reglamentaria del contenido del examen de acceso mediante un caso práctico de formulación de un escrito procesal y una serie de preguntas cortas sobre cuestiones deontológicas. Posteriormente habría que desarrollar de forma oral este caso práctico para demostrar la habilidad de la oratoria ante el tribunal. Se podría estudiar la realización por cada especialidad de jurisdicción del caso práctico y que el alumno eligiera el orden jurisdiccional que prefiera.
Sin embargo, esta propuesta de sistema se encuentra con una serie de problemas de infraestructura. Hasta ahora, una máquina corrige de forma rápida los exámenes tipo test. Con el futuro sistema, Joaquín Delgado reconoció que pasarían 102 días desde que se publica la convocatoria en el BOE hasta que hacer el primer examen, y su realización y corrección –estimando 8.000 aspirantes- duraría cinco meses hasta la publicación de las notas. De esta forma, sólo habría un examen al año.
Ante estas dificultades de infraestructura, el representante del Ministerio de Justicia pidió la “colaboración directísima” de los Colegios de Abogados con una participación muy importante en los tribunales del examen de acceso.
Además, hay que tener en cuenta el periodo transitorio para aplicar el nuevo modelo. Así desde que se publique la modificación del Real Decreto de 2011 hasta que se realice la primera prueba de acceso con el nuevo modelo deben transcurrir 18 meses, con el objetivo de que las universidades se puedan adaptar al sistema modificado de acceso a la profesión de abogado. Joaquín Delgado aseguró que “si corremos mucho, la primera prueba podría ser en 2020, con la posibilidad de un solo examen en mayo”.
PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA
Por su parte Carlos Fuentenebro, presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, trasladó al Ministerio de Justicia que “el actual sistema no acredita las habilidades para ser abogado”. Recordó el art. 17 del Reglamento de Acceso que establece que “las evaluaciones irán dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio de la respectiva profesión, y en particular a la adquisición de las competencias que deben garantizar los cursos de formación”.
En una prueba escrita de respuesta múltiples no es posible evaluar el listado de competencias –de minimos- que debe haber adquirido un abogado para incorporarse al ejercicio de la profesión, aseguró Fuentenebro.
Ante la propuesta del Ministerio de Justicia, Fuentenebro señaló la necesidad de “establecer un calendario para reformar algo en lo que todos estamos de acuerdo”, la modificación de la prueba de acceso e, indirectamente, la adaptación de los programas del master a los nuevos requisitos del examen.
Ante los problemas de infraestructura reconocidos por el Ministerio de Justicia, el representante de la Abogacía aseguró que el Consejo General ha preparado unos criterios de evaluación de la prueba oral -según jurisdicción- que se ha remitido al Ministerio y que reduce el tiempo de corrección de los exámenes. Fuentenebro aseguró que en una hora se podrían examinar a tres aspirantes, con lo que serían 21 los evaluados cada día.
Además, las sedes de los Tribunales deberían mantenerse como hasta la fecha, por territorios o sedes en las que estén los Tribunales Superiores de Justicia.
Desde la Abogacía se defendió que la prueba de capacitación debería constar de :
- Una prueba escrita (podría ser de respuestas múltiples) y que incluiría deontología profesional. Esta prueba debería ser eliminatoria.
- Una prueba oral cuya contenido consistiría en la resolución de un supuesto práctico previamente elegido por el aspirante entre varias alternativas
“Es un clamor unánime modificar la prueba tipo test porque no es válida para acreditar el acceso a la profesión”, manifestó el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Ignasi Puig, moderador de la mesa donde se abordó la modificación de la prueba de acceso en el marco de las XXXVII Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica celebradas en el Colegio de Abogados de Ciudad Real.
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