El Centro de Innovación del Derecho (CID- ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas organizó la mesa redonda “Descarbonización de la demanda: desarrollo de las redes eléctricas para afrontar los retos de la descarbonización”, en la que, entre otros temas relativos a la distribución eléctrica, se valoraron medidas adoptadas recientemente en el ámbito energético, como el Real Decreto-Ley 17/2021, u otras en tramitación parlamentaria.
En el bloque relativo a ponderar esas medidas, Iñigo Del Guayo, catedrático de Derecho Administrativo y director del Máster de Derecho de la Energía del Club Español de la Energía, apuntó que estas se imbrican en el “uso y abuso de la figura del Real Decreto-Ley de este gobierno y de los anteriores”, y lamentó que las medidas que requiere el mercado eléctrico español “tras veinte años de funcionamiento y en un contexto especialmente dinámico” se hayan adoptado “de forma poco ponderada, pensada y discutida”.
Del Guayo consideró, además, “difícilmente justificable” la urgencia del Real Decreto, porque varias de las cuestiones que aborda “ya formaban parte una ley preexistente”, y señaló que, durante la pandemia, “el gobierno fue moderado en la protección de los consumidores vulnerables”, pero que con estas últimas medidas “ha entrado en una espiral peligrosa de desprecio de los contratos”, porque “el respecto a la propiedad y a los contratos es esencial en un mercado de derecho”.
El catedrático de Derecho Administrativo admitió sin embargo que, en un contexto de precios del gas y de la electricidad disparados, naturalmente hay que hacer cosas, “pero siempre con mecanismos que no rocen ni dañen la seguridad en las instituciones, y de manera que las cosas que se han pactado se vean alteradas”.
Del Guayo recordó asimismo a los asistentes que el Tribunal Supremo ya se negó a admitir que la rebaja a la retribución de las renovables hubiera vulnerado el principio de seguridad jurídica, “porque el límite estaba en que no se obligó a los productores a devolver dinero”, pero que, en la situación actual, “ese límite ya se ha superado”, y advirtió de que los gobiernos tienen naturalmente la potestad de adoptar medidas ante circunstancias extraordinarias, pero que deben hacerlo siempre “con arreglo a los principios constitucionales”.
Por su parte, Tomás Gómez, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICAI), dudó que las medidas adoptadas por el Ministerio se hayan basado en las premisas adecuadas, que no deberían ser si los precios son más altos o más bajos, sino si estos derivan de abusos o manipulaciones en los mercados, “porque los precios altos y bajos son consustanciales a los mercados y están determinados por la oferta y la demanda, y no podemos intervenirlos sin más”. En este sentido, Gómez recalcó que “extraer las rentas de un mercado sin haber demostrado un abuso de poder en el mismo no es lícito”, y que, de todos modos, si decide hacerse, “por lo menos ha de hacerse bien, y no promulgando dos decretos que, por una cuestión de mera seriedad administrativa, hacen un mal servicio al sistema, que acabarán pagando los consumidores, y que afecta también a la percepción internacional de nuestros reguladores”.
Por último, Fernando Barrera, Director de Frontier-Economics, señaló que cuando se produce una intervención en un mercado como la que estamos viendo estos días, “esta ha de hacerse por la vía regulatoria, y no de forma coyuntural”. Barrera también tildó el PVPC de “mala idea”, porque “brinda una tarifa que cambia a cada hora del día a consumidores especialmente adversos al riesgo”. En este sentido, el regulador no debería poner tanto el énfasis en dar muchas opciones al consumidor, “sino en brindarles la tarifa con la que vayan a estar más contentos”. En cambio por la vía de ir mejorando sobre la marcha un Real Decreto “sin que sepamos dónde termina ese proceso, el que acaba sufriendo siempre es el consumidor final”.
Las redes de distribución: un eslabón esencial para la descarbonización
El moderador de la sesión, Juan José Lavilla Rubira, letrado de las Cortes Generales, abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Comillas, insistió en la idea de que la descarbonización tendrá un gran impacto en el sector energético, tanto en el consumo de combustibles como en la misma producción de energía mediante fuentes no emisoras. “Las redes eléctricas van a tener que llevar a cabo numerosísimas adaptaciones técnicas para estar preparadas en un contexto de mayor uso y por la necesaria bidireccionalidad de las mismas”, aseguró.
Sobre la retribución de la distribución, los ponentes mostraron su consenso en la necesidad de revisar el marco normativo para que los distribuidores puedan hacer frente a las cuantiosas inversiones requeridas. En relación con si el incremento de la remuneración requerido debiera ser configurado como cargo a decidir por el Ministerio o como peaje a través de la CNMC, Iñigo de Guayo se inclinaba precisamente por la fórmula del peaje, porque a su juicio “se trata de un coste directo de las redes, aunque refleje un coste de una decisión de política energética.”
Según Fernando Barrera resulta importante que la retribución a la distribución dependa más de los resultados y los servicios prestados que de los procesos y las inversiones realizadas. “Con el actual sistema retributivo es el regulador el que determina cual es el negocio de la empresa de distribución y es algo que seguro desconoce”. En este sentido, el régimen retributivo de distribución vigente ya incorpora incentivos positivos o negativos en función de la calidad del servicio, de las pérdidas y fraudes, si bien es cierto que no es el grueso, quedepende de los gastos de inversión y del coste de operación/mantenimiento.
La tasa de retribución financiera también fue objeto de debate y se sugirió referenciarla no tanto a costes históricos sino a costes futuros. Iñigo del Guayo explicó que esta tasa “debería ser única durante toda la vigencia de la instalación desde el inicio del servicio hasta el final de la vida útil regulatoria y no como está en la actualidad, que va cambiando con cada periodo”.
Todos los participantes de la mesa mostraron su acuerdo en la necesidad de levantar el límite que actualmente existe a las inversiones en las redes fijado como un porcentaje del Producto interior Bruto. Durante la sesión se lanzaron también algunas propuestas concretas orientadas a buscar nuevas fórmulas y tecnologías que permitan afrontar con eficiencia el impacto que la descarbonización del sistema eléctrico. Tomás Gómez apuntó hacia la posibilidad de introducir un sistema de sandboxes regulatorio para desarrollar soluciones innovadoras en el sector energético que permitan conocer de manera precisa qué impactos tendrá anticipando así riesgos, beneficios y posibles aplicaciones, antes de su implementación en el mercado real. Otra de las propuestas que se apuntaron tiene que ver con la necesidad de introducir un sistema de análisis coste- beneficio en relación con las inversiones.
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