El Ejecutivo ha acordado ampliar hasta 2020 la moratoria de los desahucios a los colectivos más afectados por la crisis, flexibilizar los criterios para beneficiarse de las medidas de protección y posibilitar la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada a precio reducido. Además, el Gobierno pone a disposición del sector industrial más de 600 millones de euros en préstamos.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado que el Real Decreto aprobado hoy en relación con la moratoria de los desahucios está en el contexto de las medidas que ha ido adoptando el Gobierno desde el año 2012 para afrontar este problema, derivado de la crisis económica.

De Guindos ha apuntado que, en marzo de 2012, el Ejecutivo aprobó el Código de Buenas Prácticas mediante el que se daba la posibilidad a las familias que estaban en el "umbral de exclusión" de negociar con las entidades financieras la reestructuración de la deuda, el establecimiento de una quita o la dación en pago. Prácticamente la totalidad de los bancos se adhirieron a este Código. Además, ha indicado que, en noviembre de 2012, se acordó la suspensión de lanzamientos hipotecarios (obligación de salir de la vivienda), acuerdo que se ha ido extendiendo hasta ahora, y que en enero de 2013 se pusieron 10.000 viviendas con alquileres muy reducidos a disposición de los colectivos más vulnerables.

El ministro ha subrayado que casi 80.000 familias se han favorecido de estas iniciativas. En concreto, se han suspendido más de 24.000 alzamientos y 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas, de las cuales 38.500 han reestructurado su deuda y 7.000 han dado su vivienda en pago. Asimismo, el Fondo Social de Viviendas ha adjudicado más de 9.000 casas.

Más protección a los deudores

Luis de Guindos ha resaltado que la norma acordada hoy amplía el plazo de suspensión de alzamientos hipotecarios tres años más, hasta 2020. Además, flexibiliza los criterios para determinar qué deudores hipotecarios son vulnerables y pueden beneficiarse de las medidas de protección.

En este sentido, será vulnerable la unidad familiar de la que forme parte un menor de edad, en vez de un menor de tres años como hasta ahora, así como la unidad familiar monoparental con un hijo o más a cargo. También lo será la unidad familiar con la que convivan una o más personas en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave, y en la que haya una víctima de violencia de género. Por otra parte, en la suspensión de lanzamientos, se elimina el requisito de haber agotado las prestaciones por desempleo.

Alquiler de vivienda

El ministro ha explicado que se introduce en el Código de Buenas Prácticas la opción de alquilar la vivienda habitual ejecutada. Durante el plazo de vigencia de la suspensión de lanzamientos, el deudor hipotecario ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar al acreedor ejecutante de la vivienda alquilarla por cinco años en condiciones favorables, prorrogables a otros cinco.

El Gobierno, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley.

De Guindos ha destacado que esta norma ha sido negociada con el PSOE, Ciudadanos PNV, CC y comentada con otros grupos, por lo que confía en que reciba un apoyo parlamentario muy amplio.

En su opinión, "lo importante no son las medidas paliativas", aunque también lo son, sino que "llevamos prácticamente dos años con caídas en el número de desahucios en tasas interanuales de vivienda habitual" gracias a la recuperación económica y a la creación de empleo.

De Guindos ha concluido señalando que las familias españolas pagan en un 95% su hipoteca mes a mes, por lo que se ha actuado sobre el 5% restante: "El dato más esperanzador es que los desahucios de vivienda habitual están cayendo a una tasa interanual del 30% como consecuencia de la recuperación".