Eliminar la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad y proponer todo un sistema de apoyos individualizados para la toma de sus decisiones. Esta es la finalidad de la reforma de la legislación civil y procesal de las personas con discapacidad. Así lo ha considerado Josep María Solé i Chavero,  abogado, director de la Fundación Tutelar de las Comarcas de Girona y miembro de la Asociación Europea de Servicios para personas con discapacidad (EASPD).

Esta fue una de las conclusiones de la pasada Conferencia de los Lunes “¿Sabremos prestar apoyos a la capacidad jurídica alineados con la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad?” organizada por el Consejo General de la Abogacía Española, el pasado 10 de mayo.

“La Convención internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad es el último instrumento de derechos humanos y se dirige a asegurar que éstos sean una realidad para las personas con discapacidad”, declaró Solé i Chavero. Aunque tiene clara vocación de desarrollo social, asegura que no es una simple declaración, “es una norma directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico”.

Con el proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal de las personas con discapacidad, se adapta la legislación española a la Convención y se eliminan conceptos como incapacitación y tutela y las figuras de patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, “consideradas como poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas”.

En su lugar, el sistema de justicia “deberá proporcionar a las personas que lo soliciten las ayudas necesarias-con recursos técnicos, materiales y humanos- para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento”. Por lo que el abogado señala que dará lugar a modificaciones en la Ley del Notariado y Ley Hipotecaria, Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley del registro civil, protección patrimonial de las personas con discapacidad y a la Ley del Comercio.

“Esta nueva norma supondrá a la vez un inmenso reto para toda la sociedad, empezando por las personas con discapacidad y sus familias, así como para todos los agentes jurídicos”, añadió. Y considera un desafío asumir que se incorpora la voluntad de las personas en todas las decisiones que les afectan. “Respetar esta voluntad es la función principal de las figuras de apoyo, que les acompañarán en la toma y gestión de decisiones, para conseguir una vida independiente y una plena inclusión en la comunidad”.

De hecho, puntualiza, “el gran reto será crear un entorno seguro, y asumir un nuevo marco de prevención y gestión de riesgos y responsabilidades que permita la libertad de elección, a la vez que les proteja de abusos e influencias indebidas”.

Para aplicarla en la sociedad será fundamental el papel de los profesionales jurídicos. “Los Colegios de Abogados deben impulsar la formación y sensibilización de sus colegiados en las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad física y jurídica”, concluyó.

El proyecto ya fue aprobado por el Congreso y este miércoles se someterá al Plenario del Senado. Una vez ratificado, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE.

La conferencia, que fue seguida por 300 personas, estará disponible en los próximos días en el Canal de Formación de la Abogacía Española, junto con el resto de eventos anteriores, para ser visualizado en diferido: https://www.formacionabogacia.es/