Madrid, 8 nov (EFECOM).- El bufete Arriaga Asociados ha ejecutado un expediente de regulación de empleo (ERE) para más de 150 empleados, que incluye un plan de reestructuración y que supone reducir su plantilla en más del 40 %, hasta 195 empleados, según ha confirmado a EFE el propio despacho.

En un comunicado, Arriaga destaca que el recorte de plantilla que se ha visto obligado a realizar responde "a la ralentización de los procesos judiciales, que se dilatan en promedio seis años", lo que ha afectado a la financiación, ya que cobran por resultados, y ha reducido la carga de trabajo, disminuyendo así la necesidad de personal.

Actualmente, la empresa no se encuentra en preconcurso ni en ninguna situación concursal, añade el despacho, y su situación financiera es "consecuencia directa de estos retrasos judiciales, que impactan en los ingresos al demorar los cobros hasta que los bancos efectúan los pagos tras la sentencia".

Desde Arriaga puntualizan que los despidos no guardan relación con el proyecto de Inteligencia Artificial en colaboración con Little John, ya que este aún se encuentra en una fase de desarrollo.

Además, el parón provocado por la pandemia de COVID-19 intensificó la ralentización, contribuyendo a la situación actual, indica la nota.

El ERE fue planteado el pasado mes de abril, a causa de los retrasos por parte de la Administración en los pagos relacionados con los juicios de cláusulas abusivas, asunto en el que está especializado el despacho.

Se trata de una reivindicación que Arriaga ha hecho en numerosas ocasiones, en particular contra el juzgado de primera instancia nº 101 bis de Madrid, especializado en cláusulas abusivas, que, según el bufete, retiene indebidamente más de 40 millones de euros que ya han sido consignados a ciudadanos que previamente ganaron sus juicios.

En junio de 2022, el Defensor del Pueblo admitió una queja de Arriaga Asociados sobre el colapso de dicho juzgado e inició actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Meses más tarde, en septiembre de ese año, el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio de Justicia la creación de un nuevo juzgado de Primera Instancia en Madrid especializado en litigios hipotecarios a nivel provincial, con el objetivo de solucionar la demora que arrastra la sede judicial ya existente y habilitada para estos casos.

Arriaga representa ante dicho juzgado a 31.000 clientes afectados por cláusulas suelo, multidivisa o hipotecas referenciadas al IRPH, de los cuales un 90 % presentaron su reclamación entre los años 2017 y 2019.

La falta de recursos ha provocado que, de esas 31.000 demandas, casi 20.000 (19.898) no se hayan emitido todavía a abogados o procuradores.