El primer Congreso de Derecho Sanitario ha concluido este viernes en el Colegio de la Abogacía de Madrid con la convicción y el compromiso de promover y proteger la salud de las personas a través de un marco legal sólido y actualizado. Los cerca de 50 especialistas que han participado en el encuentro recuerdan que la salud es un derecho fundamental cuya protección requiere una estrecha colaboración entre los profesionales del ámbito jurídico y sanitario.
En sus conclusiones, los expertos reclaman una completa actualización de la normativa vigente en respuesta a los nuevos desafíos que afrontan los sistemas de salud como consecuencia del rápido desarrollo de la tecnología médica, el envejecimiento poblacional, la emergencia climática, las enfermedades emergentes o las pandemias. Mejorar el marco legal también es vital para hacer frente a la judicialización de la responsabilidad por daños a la salud y en el ámbito de los conflictos sanitarios, fomentar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios o regular las prácticas médicas transfronterizas, ahondando en la humanización de la atención al paciente como eje central de la protección a la salud. Enfrentar de manera efectiva estos desafíos, sostienen los participantes en el Congreso, requiere una coordinación efectiva entre las instituciones sanitarias y los órganos legislativos.
En ese contexto, el derecho sanitario constituye una herramienta crucial para garantizar el acceso a una atención médica de calidad, salvaguardar los derechos y las libertades individuales, así como para establecer un equilibrio entre los avances científicos y la ética en la práctica médica. Para potenciar su alcance, se propone introducir esta materia como asignatura curricular en las facultades de Derecho.
También resulta fundamental fomentar la colaboración interdisciplinar y el intercambio de conocimientos entre los profesionales de la salud y los expertos en derecho sanitario, promoviendo la formación continua, la investigación y el debate para estar a la vanguardia de los avances y asegurar que las políticas se adapten a un entorno en constante cambio.
Crisis sanitarias
Entre las conclusiones presentadas durante el acto de clausura, los especialistas en derecho sanitario consideran prioritaria la gestión de crisis sanitarias globales como la del Covid-19, que evidencia la importancia de contar con una ley de pandemias y en general con marcos legales sólidos que permitan una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de emergencia. “Debemos aprender de esta experiencia y fortalecer nuestro marco legal de salud para estar preparados ante futuras crisis”, subrayan.
Respecto al impacto del desarrollo científico y tecnológico en la medicina, juristas y sanitarios recalcan la importancia de contar con un marco jurídico actualizado para abordar con garantías los desafíos éticos que acompañan a estos avances. “La protección de la dignidad humana, el consentimiento informado y la responsabilidad profesional deben ser valores fundamentales en nuestro sistema legal de salud”, declaran.
Otro de los aspectos reseñados es la humanización de la sanidad, cuyo impulso requiere poner al paciente en el centro del sistema, teniendo en cuenta sus derechos y sentimientos y garantizando el respeto de su dignidad: “La humanización de la atención sanitaria incluye la participación del paciente tanto en la gestión de su enfermedad como en las políticas de Salud”, afrman.
Resolución de conflictos
En la gestión y resolución de los conflictos en el ámbito sanitario, resulta imprescindible identificar y conocer los motivos de las reclamaciones en atención hospitalaria, primaria y atención sanitaria urgente. Para resolverlos, los expertos apuestan por métodos alternativos como la mediación, que cumple una función preventiva que contribuye a humanizar la asistencia sanitaria. Junto al arbitraje, se erige como una herramienta fundamental en la desjudicialización de las reclamaciones de los pacientes y usuarios, si bien su completa implementación requiere un baremo específico que cuantifique los daños a la salud y proporciones seguridad jurídica a los pacientes y a las compañías aseguradoras.
Clausura
Tras la presentación de las conclusiones, la presidenta de la sección de Derecho Sanitario del ICAM, Esperanza Marcos, y la Directora General de MUFACE, Myriam Pallares, han puesto el broche final al primer Congreso de Derecho Sanitario. Durante dos días, cerca de 50 especialistas han abordado los retos a los que se enfrenta el derecho sanitario en la Comunidad de Madrid, en España y en la Unión Europea, identificando los desafíos a nivel normativo y de gestión que afectan a la protección de la salud y los derechos de los pacientes.
A lo largo de 9 sesiones de debate, los participantes han debatido sobre los Aspectos jurídicos de la actual Atención Primaria y Especializada; la garantía del derecho a la atención médica de urgencias extrahospitalarias y hospitalarias; el derecho a la atención sociosanitaria del mayor; el derecho al consentimiento informado en menores; los derechos y obligaciones en la era de la neurociencia: el derecho a la salud y las prestaciones sanitarias; la asistencia Sanitaria transfronteriza en la UE y su perspectiva en relación con los derechos humanos; el derecho a la mediación sanitaria; y el papel de aseguradoras y mutuas sanitarias en la medicina privada y concertada.
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