El debate fue organizado conjuntamente por la Sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico, copresidida por Nuria Amarilla, y la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, presidida por Alberto Dorrego, y contó como ponentes con los abogados Jordi Faus, de FAUS & MOLINER, y Raquel Ballesteros, de BIRD & BIRD, destacados especialistas en la materia, y, desde el lado de la Administración, con Francisco Valero, Coordinador de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del SNS de INGESA.
Entre los numerosos participantes (mas de 150 profesionales) se encontraban directores legales y abogados de los más importantes laboratorios de España, así como representantes de Farmaindustria, Biosim y otras organizaciones empresariales del sector.
Como puso de relieve Alberto Dorrego, "estamos ante uno de los sectores económicamente más relevantes en la contratación pública en España con un volumen aproximado de 7.000 millones de euros anuales. Es asimismo un sector especial porque una parte significativa de dichas compras hospitalarias vienen referidas a medicamentos con derechos de patente en vigor, cuya adquisición se realiza mediante procedimientos negociados por exclusividad que presentan una problemática muy singular".
Por su parte, Nuria Amarilla destacó algunas de las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde 2018, como la correcta determinación de la necesidad institucional, además del papel de los criterios cualitativos en el proceso de compra pública en el sector farmacéutico.
Francisco Valero, de INGESA, insistió en que la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha mejorado los mecanismos de agregación de la demanda en la compra pública de medicamentos, facilitando los acuerdos marco de ámbito nacional y la operativa subsiguiente de los contratos derivados, muy eficiente y ágil para los centros de compra. Destacó la necesidad de mejorar estos instrumentos como vía de racionalización del gasto farmacéutico.
Los abogados Jordi Faus y Raquel Ballesteros analizaron diversos aspectos de la contratación pública farmacéutica. Ambos ponentes pusieron de relieve el complejo encaje de los procedimientos de fijación del precio de financiación por la CIMP y la posterior compra por los Servicios de Salud de las CC.AA. y los hospitales. Una dualidad que genera ineficientes costes administrativos y que resulta difícilmente explicable a los laboratorios extranjeros.
Se abordó la cuestión de la financiación y el modelo de contratación de las terapias avanzadas, el inexorable camino hacia la integración de prestaciones en la compra pública, las dificultades y límites del pago por resultados y el espacio para la colaboración público-privada en el sector farmacéutico.
Los ponentes coincidieron al poner de relieve las disfunciones que puede llegar a generar la pérdida de confidencialidad de los acuerdos de compra de medicamentos entre los laboratorios y los hospitales, que puede lesionar gravemente el interés público, la sostenibilidad del SNS y el derecho de acceso de los pacientes a los tratamientos más innovadores.
Destacaron como muy positivo el reciente cambio de orientación en este punto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se alinea con la doctrina que se viene asentando en los principales países de la UE.
No hay comentarios.