Málaga, 19 may (EFE).- El derecho a la vivienda se topa con la ocupación ilegal y las mafias organizadas por lo que los expertos consideran clave respetar el derecho de la propiedad privada regulando y evitando la ocupación irregular de inmuebles y así dar seguridad jurídica a los propietarios.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado este jueves en Málaga el primer congreso nacional sobre la Ocupación Ilegal de Inmuebles y ha asegurado que Gobierno responde a la preocupación por la ocupación "con medidas no con alarmismo" y de forma integral.

El encuentro ha sido organizado por la Abogacía de Málaga, el Colegio de Abogados de Barcelona y el de Mataró y se ha pedido distinguir entre las ocupaciones derivadas de las situaciones sobrevenidas de vulneración social y aquellas que tienen un carácter delincuencial.

Llop ha precisado que no se puede caer en equiparar la ocupación ilegal con aquellos casos de imposibilidad de pago de la hipoteca o el alquiler y ha destacado que esta cuestión hay que abordarla "de una manera multidisciplinar, integral, logística, comprensiva y con un análisis detallado".

Los expertos en el ámbito del derecho han pedido conceder un mayor amparo a las víctimas de la ocupación ilegal ya que procesalmente se trata de una problemática que puede tardar años hasta que se resuelve y han advertido que esta cuestión también afecta mucho a las comunidades de propietarios.

El catedrático de derecho procesal de la Universidad de Barcelona, Vicente Pérez, ha asegurado que "habría que incrementar el presupuesto de la vivienda social" y ha explicado que "el problema que tenemos es saber qué está en vigor en esta materia".

El abogado y decano emérito del Colegio de Abogados de Mataró, Julio Naveira, ha incidido en que no se puede penalizar la propiedad privada y negar la realidad que hay de la ocupación delincuencial porque es un problema "grave y que afecta a la sociedad".

Ha precisado que la falta de vivienda social y las ocupaciones delincuenciales "son dos problemas distintos" y ha añadido que "posiblemente el segundo venga motivado con el primero pero eso no puede en ningún caso permitir que el Estado permita la comisión de delitos por falta de vivienda social".

Naviera ha criticado que España sea el único país de Europa que no actúa dentro de las 24 ó 48 horas posteriores a la ocupación y ha pedido que el Estado legisle y solucione el problema social así como actuar de forma tajante y sin tapujos contra la ocupación delincuencial.

Los expertos han coincidido en que hay tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas ocupantes pero no garantizándole una vivienda con la propiedad privada.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha exigido un cambio normativo sobre la ocupación de inmuebles que dé seguridad jurídicas a propietarios e inversores y ha advertido también del daño que este fenómeno causa desde el punto de vista turístico.

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, también ha pedido un cambio normativo para hacer frente a las graves carencias que se tienen en materia de vivienda y ha asegurado que los juristas españoles pueden aportar un valor añadido a esta situación.

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha apostado por "reformas normativas que amparen a las víctimas" ya que a su entender hay carencias en las leyes españolas.

Por su parte, el decano de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha precisado que el congreso "no va dirigido a la antiocupación, sino a buscar medidas eficaces que proporcionen seguridad jurídica.

El catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira, Sergio Nasarre, ha manifestado que "todas las normas importantes de vivienda de los últimos quince años, básicamente se han inventado. Es decir, no hay ningún estudio y cuando lo hay no le han hecho caso".

Ha advertido que muchas de esas medidas solo son recaudatorias y otras se han hecho "a rebufo de movimientos sociales"