Madrid, 22 feb (EFECOM).- Las empresas que desarrollen planes de pensiones para sus trabajadores podrán deducirse en las cotizaciones a la Seguridad Social las aportaciones a dichos planes, hasta un máximo de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros al año, lo que supondría un ahorro de casi 400 euros por trabajador.

Esta es una de las novedades incluidas en el proyecto de ley de impulso a los planes colectivos de empleo aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta para su remisión a las Cortes, según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Además el trabajador podrá hacer a los planes de empleo una aportación mayor a la de la empresa a efectos de la deducción fiscal en el IRPF, mientras que hasta ahora su contribución solo podía ser igual a la de la empresa.

El trabajador se deducirá de la base imponible del IRPF su contribución, que podrá llegar a 1.250 euros anuales si la empresa pone hasta 500 euros, a 2.000 euros si la empresa pone entre 501 y 1.000 euros, a 2.250 euros si la empresa aporta entre 1.001 y 1.500 euros y a igual cantidad que la empresa si ésta aporta más de 1.501 euros.

El ministro ha destacado que con esta ley -que constituye un hito del plan de recuperación, transformación y resiliencia para el primer semestre de 2022- se favorecerá el desarrollo de los planes colectivos de pensiones, especialmente entre las rentas medias y bajas.

La norma tiene como principal objetivo elevar la cobertura de los planes de pensiones colectivos, "un propósito en el que la negociación colectiva tendrá un papel fundamental", ha dicho.

Para ello, el texto facilita la creación de planes colectivos en el marco de la negociación colectiva y habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.

El objetivo es facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes.

En esta segunda vuelta también se han incluido modificaciones en los órganos de gobernanza de los fondos de promoción pública, de forma que la Comisión Promotora y de Seguimiento elegirá las entidades gestoras y depositarias, establecerá la estrategia de inversión a largo plazo, constituirá los fondos de pensiones y nombrará a los miembros de la Comisión de Control Especial.

La Comisión de Control Especial tendrá 5 miembros elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios, y se encargará de la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión, el control y la observancia del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y, en su caso, de la decisión sobre su sustitución.

La nueva composición persigue la toma de decisiones por consenso entre las partes, exigiéndose mayoría cualificada para algunas decisiones.