El pasado martes 9 de febrero el Club Siglo XXI logró, una vez más, fomentar el pensamiento crítico y la discusión de ideas en un coloquio presentado por la Decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, sobre “Abogacía y sociedad, los retos”. El primero de los ponentes, Alberto Mata Rodríguez, demostró el impacto del Pro Bono en el nuevo camino que la sociedad española está recorriendo para lograr un modo de vida más justo, digno, sostenible y equitativo. La segunda ponente, Elisa de la Nuez, aportó datos reveladores para comprender la lacra de la corrupción en España y aportó ideas sobre cómo los juristas podemos colaborar para vencerla. Por último, el Presidente de AJA Madrid, Juan Gonzalo Ospina, expuso los principales retos de la Abogacía Joven en la actualidad, reivindicando su papel como motor de cambio.

En relación con todo lo anterior, sería oportuno profundizar sobre cómo la Abogacía Joven puede contribuir en la lucha contra la corrupción política y en el reclamo por la transparencia de nuestras Instituciones. Es, además, una tarea de máxima urgencia, pues los ciudadanos desconfían de forma alarmante del buen funcionamiento de las Instituciones, se sienten traicionados e indefensos. Y trágico es que crezca la percepción entre la sociedad civil de que tenemos un Poder Judicial politizado.

Como dijo Elisa de la Nuez, son los ciudadanos los que han de luchar por el Estado de Derecho, “pero los Abogados deberíamos ser un poco la punta de lanza de la sociedad civil, porque sabemos mejor que nadie la importancia de ese Estado de Derecho”. Es una oportunidad más para hacer de la función social de la Abogacía una realidad. Pues, no podemos permitir la expansión de unas prácticas que están agujereando los pilares que sostienen nuestro Estado social y democrático de Derecho. No podemos callar y consentir la impunidad de esas prácticas corruptas. No podemos dejar solos a los políticos en la configuración de nuestro modelo de sociedad. Y no podemos desatender a una sociedad civil harta de despropósitos y manipulaciones, porque nos merecemos un país sostenible y fuerte.

La Abogacía Institucional en general, y la Joven en particular, tiene que intensificar su presencia y alzar la voz, identificando las deficiencias legislativas actuales en materia de corrupción y transparencia e informando sobre ellas. Así los ciudadanos tendrán un argumento más para movilizarse contra los partidos políticos que las practiquen. Además, como expertos conocedores de la materia, conviene seguir proponiendo mejoras legislativas sobre estas cuestiones.

En este contexto, no hay que olvidar que uno de los requisitos imprescindibles para acabar con la corrupción política -además de la voluntad de los propios políticos- es que la sociedad civil confíe en el Poder Judicial. Por ello, conviene seguir reivindicando la despolitización de la Justicia y la independencia del Poder Judicial. Así, se precisa de más medios económicos y humanos. Pero también se requiere de un esfuerzo colectivo por explotar los recursos existentes de un modo eficaz. Tenemos que seguir reclamando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referente al nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para volver a un sistema de elección basado en méritos y competencia y no en intereses partidistas. También son necesarias mejoras legislativas para que la Fiscalía no sufra posibles presiones políticas y que su actuación sea el resultado de una intachable aplicación de los principios de legalidad e imparcialidad. Asimismo, es vital continuar el esfuerzo por la transparencia de la Justicia en general, y del CGPJ en particular, intensificado a raíz de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Medidas éstas que requieren necesariamente de voluntad política, de ahí la necesidad de una sociedad civil despierta y reivindicativa que ponga de manifiesto que invertir en Justicia también da votos.

En cuanto a la propuesta de medidas concretas de lucha contra la corrupción:

1. Es vital incidir de nuevo en la aplicación, en su máxima extensión, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y exigir, en especial, la implementación de mecanismos que faciliten a los ciudadanos el ejercicio de su derecho de acceso a esta información, eliminando cualquier traba o carga.
2. Tampoco hay que perder de vista el recientemente reformado régimen de incompatibilidades de cargos públicos (Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado). Por un lado, es dudoso que sea el sistema más adecuado para evitar potenciales conflictos de interés; por otro, es necesario poner el foco en lo que al cumplimiento de las normas sobre incompatibilidad de retribuciones se refiere.
3. Otra medida urgente sería la limitación o incluso la eliminación de los aforamientos, como ocurre en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o Portugal.
4. También habría que reformar, por fin, la Ley del indulto y, en particular, no permitiendo su concesión para delitos de corrupción o contra la Administración Pública -entre otros-.
5. Otro pilar esencial es seguir mejorando la regulación sobre la financiación de los partidos políticos. Se han introducido algunas mejoras con la reciente reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que unido a la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno debería –a través de una interpretación de las normas favorable a la transparencia y la información pública- permitir a la sociedad civil “auditar” a los partidos políticos, obteniendo información, por ejemplo, sobre la procedencia de sus recursos económicos. Sin embargo, hay preocupantes deficiencias todavía como, por ejemplo, en el control de los ingresos de las fundaciones de los partidos y entidades vinculadas, tal y como advierte el último Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Además, deberían endurecerse las penas por los delitos de financiación ilegal de partidos políticos. Y, si bien es cierto que según el artículo 6 de nuestra Constitución la creación de los partidos políticos “[…] y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”, cabe preguntarse si dada la situación de recortes generalizados que viene sufriendo la sociedad española, no debemos exigirles también a ellos un ejercicio de austeridad. Además de supeditar la obtención de recursos procedentes de la financiación pública al cumplimiento de unos estándares más democráticos en su estructura interna y funcionamiento.
6. Dotar al proceso de contratación pública –y, en definitiva, al resto de actuaciones públicas como el urbanismo- de la máxima transparencia es, también, esencial. Así como implantar nuevos mecanismos que, sin ralentizar el proceso, sirvan para prevenir y disuadir prácticas corruptas por quienes participan en el proceso. Además, sería conveniente determinar de forma clara y precisa qué decisiones son políticas y cuáles responden a criterios técnicos con el fin de exigir las eventuales responsabilidades, por ejemplo, cuando se producen escandalosas desviaciones al alza en el presupuesto de los contratos públicos.
7. Por último, son necesarias reformas legislativas en la configuración y punición de los delitos relacionados con la corrupción política, como ya vienen reclamando muchos juristas.

En fin, es responsabilidad de todos participar en la reconstrucción de nuestra democracia y, como dice el parlamentario británico Rory Stewart, “empezando por reconocer por qué la democracia es importante, no como una herramienta, sino como un ideal”.