Es el turno de la Comisión para responder al Parlamento Europeo tras aprobar, el pasado 10 de marzo, de la Propuesta de Directiva sobre Diligencia debida de las empresas y Responsabilidad Corporativa. Bruselas pretende imponer la toma de conciencia a las empresas respecto a su responsabilidad en cuanto al impacto adverso de sus cadenas de valor en los derechos humanos. Así, introducen un estándar mínimo obligatorio de conducta empresarial con el objetivo de salvaguardar los derechos de los trabajadores, proteger el medioambiente y acercarse al modelo de economía sostenible.

Respecto al ámbito de aplicación de la futura Directiva, se prevé que las protagonistas sean las grandes empresas y las pymes que coticen en el mercado de valores o aquellas calificadas de alto riesgo, ya sean europeas, extranjeras establecidas en el territorio de la Unión o aquellas que, no teniendo sede en el territorio europeo, operen en el mercado interior.

Entre las medidas propuestas y que, insistimos, serían obligatorias para las empresas mencionadas, destacan:

1. La estrategia de diligencia debida, que incluye la exigencia de realizar procesos de diligencia debida relativos a los efectos adversos, potenciales o reales, en los derechos humanos, medio ambiente y buena gobernanza en sus actividades y relaciones comerciales.
2. La publicación y divulgación de información no financiera e información sobre diversidad de manera periódica,  que deberá incluir asuntos medioambientales, sociales y de la situación general de sus empleados.
3. Se impone una mayor responsabilidad a las empresas, incluyendo a las sociedades matrices sobre sus filiales, ampliando la legitimación de terceros para exigirla y atribuyendo competencia a las autoridades para sancionar el incumplimiento de los parámetros mencionados.
4. Se pretende que los administradores y directivos compartan esta responsabilidad, de tal manera que se logre enfocar el interés social no sólo hacia los beneficios si no también hacia objetivos sostenibles.

En conclusión, esta propuesta de Directiva es una prueba más de que las iniciativas político-legislativas venideras serán sostenibles o no serán, lo que va a implicar, inevitablemente, un cambio en el modelo económico no sólo de Europa (aunque pionera), si no del mundo entero.

En cuanto al impacto de tales medidas, a pesar del optimismo de Bruselas, ya se han alzado algunas voces[1] que piden precaución, pues avisan de que estas medidas pueden convertirse en un obstáculo a la hora de asumir riesgos para las empresas y un aumento de los costes de compliance, lo cual puede afectar negativamente al  comportamiento financiero y a la competitividad del tejido empresarial europeo.