Pamplona, 29 may (EFE).- La asociación de consumidores Irache ha recibido en los últimos meses decenas de reclamaciones por defectos de construcción en nuevas viviendas, entre las que cita los nuevos desarrollos de Errepigaina o el barrio pamplonés de Lezkairu.

Se trata, dice en un comunicado, de problemas de acabado en encimeras de cocina, puertas, juntas de baño, mamparas, extractores, tomas de luz, ventanas, electrodomésticos o cristales, así como en trasteros, en ocasiones defectos que se dan en el conjunto de una promoción y por eso la comunidad de vecinos se ha unido para reclamar el arreglo.

Irache indica que muchos de los afectados informaron de los defectos a la constructora o promotora, la mayor parte de las veces por teléfono cuando lo mejor es dejar constancia por escrito en la visita realizada antes de la entrega de las llaves, aunque también hubo quien lo hizo por correo electrónico.

En algunos casos la constructora ha solucionado el problema con agilidad pero en otros contesta a los afectados que lo arreglará y pasan semanas o meses sin que eso suceda, por lo que los afectados acuden a Irache para que reclame.

La asociación precisa que hay problemas en viviendas de más de 350.000 euros y aconseja documentar cuantos antes el defecto, por ejemplo con fotografías, aunque según al importancia del mismo puede ser necesario un informe pericial, y reclamar su solución de forma fehaciente para poder demostrar que se hizo en plazo, por lo que no conviene dejar una queja verbal o telefónica.

En viviendas nuevas, el constructor debe responder por los defectos de acabado durante un año desde la recepción de la obra y tiene hasta tres para responder de los que tengan que ver con la habitabilidad de la vivienda, como la salubridad y estanqueidad del inmueble, la protección contra el ruido o el aislamiento térmico, y también pueden entrar humedades en techos o paredes o fallos de aislamiento en puertas o ventadas.

El plazo es mayor, hasta diez años, cuando se trata de defectos que afecten a la cimentación, soportes, vigas u otros elementos estructurales y que tienen que ver con la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

Irache añade que las acciones para exigir judicialmente estas responsabilidades prescriben a los dos años desde que se producen los daños, plazo que cabe interrumpir con nuevas notificaciones, y advierte de que si se opta por arreglar el desperfecto para cobrarlo después a la promotora o constructora es importante conservar los documentos que acrediten la existencia del defecto, la reclamación de su reparación y la factura del trabajo finalmente contratado.