- Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho AF Legis, subraya la necesidad de encontrar soluciones que pasen en primer lugar por la regularización de la normativa actual y las ordenanzas municipales.
- Las políticas que favorecen la ocupación ilegal de viviendas, en muchos casos, protegen más a los okupas que a los propietarios legítimos y esto desincentiva la inversión en propiedades y afecta negativamente el mercado inmobiliario.
Encontrar una vivienda es una tarea difícil para cada vez más personas. La falta de oferta y el aumento de demanda han disparado los precios y hecho que sea casi imposible encontrar casa para muchas familias, es por eso que, en las últimas semanas, se ha puesto sobre la mesa una alternativa: convertir locales comerciales en viviendas.
Según la Agencia de Desarrollo Económico tan solo en el municipio de Barcelona durante el mes de agosto de 2024 estaban disponibles para alquilar 10.174 locales fácilmente transformables en células de habitabilidad. Arantxa Goenaga, socia de AF Legis y experta en derecho inmobiliario, subraya la importancia de encontrar vías adecuadas que aborden la grave problemática del parque inmobiliario, la gran demanda y escasa oferta de alquileres asequibles.
La abogada asegura que una de las posibles soluciones para ampliar la oferta de domicilios reside en la transformación de los locales de negocio en viviendas, pero denuncia la inactividad de las fuerzas políticas por no llevar a cabo alguna solución como la regularización de la normativa actual y las ordenanzas municipales que impide dicha readaptación de los locales en hogares debido a restricciones demográficas y urbanísticas. Además, critica las políticas actuales de vivienda, que a menudo protegen a los okupas en perjuicio de los propietarios.
“Es esencial flexibilizar las normativas urbanísticas y adoptar soluciones creativas que optimicen el uso de espacios vacíos, para paliar la falta de vivienda y fomentar un mercado inmobiliario más equilibrado”, señala la experta, quien sentencia, “la causa de esta paralización de los procedimientos judiciales es que los poderes públicos no encuentran viviendas para ofrecer a estas familias”
