Rafael Martínez

Madrid, 4 feb (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé este lunes en un pleno extraordinario aprobar una declaración institucional más contundente, ante los ataques y acusaciones que el pasado martes expresaron algunos socios parlamentarios del Gobierno contra varios jueces durante el debate sobre la ley de amnistía.

El presidente en funciones del Consejo, Vicente Guilarte, ha accedido a la convocatoria del pleno, a petición de los nueve vocales conservadores, que censuraron los ataques de algunos diputados a jueces y magistrados "ante la aquiescencia y mutismo" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Durante el debate del pleno del Congreso sobre la ley de amnistía, varios socios parlamentarios del Gobierno acusaron de prevaricar a algunos jueces como Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, o Joaquín Aguirre, encargado del caso Volhov en Barcelona.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que los conservadores trabajan en una declaración institucional que prevén aquilatar el mismo lunes en la que avanzan "un pronunciamiento más contundente" que en anteriores ocasiones, debido a los acontecimientos de esta semana.

Tal fue el nivel de los ataques a los jueces, que su presidente se vio obligado a reiterar una vez más su "baldío pero insistente llamamiento institucional" a que los políticos "dejen en paz" a los jueces y no cuestionen su imparcialidad, "cuyo proceder se guía por el principio de legalidad".

"Permitidme una vez más, y lamento ser cansino pero más lo son ellos, que haga referencia a lo sucedido ayer en el Congreso", señaló Guitarte al día siguiente de escuchar "inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial".

No es la primera vez que Guilarte censura las críticas a los jueces por parte de los socios parlamentarios del Gobierno, lo que no deja de tensionar cada día más la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial debido a la amnistía y las acusaciones de lawfare, normalizadas en el lenguaje parlamentario de Junts, que ahora se extienden a otros partidos e, incluso, a miembros del Gobierno.

Un ejemplo fue la declaración institucional que el Consejo aprobó el pasado 19 de enero, en la que ya mostró su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidencia tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez García-Castellón en una entrevista.

Aquel día, Ribera dijo que García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Pero precisamente por estos motivos, otros vocales consideran del todo "innecesario" convocar "un pleno extraordinario, con el gasto que eso supone para la institución", cuando "el presidente ya se ha pronunciado de forma bastante contundente" y la Permanente ya aprobó una declaración. Por tanto, seguir con ello "carece de sentido".

A pesar de que "Junts se dedica a provocarnos continuamente", algunos vocales creen que "no podemos estar todo el tiempo reaccionando para repetir lo mismo que ya hemos dicho cuando el presidente ya se ha pronunciado", añaden las fuentes.

"No se puede estar detrás de Junts cada vez que nos provoca, es seguirles el juego", insisten estos vocales, que piden "marcar una pautas" al CGPJ para no tener que saltar constantemente a la formación que lidera Carles Puigdemont.