Barcelona, 23 mar (EFE).- El número de menores de 14 años acusados de delitos contra la libertad sexual se ha casi doblado en los últimos ocho años en Cataluña, al pasar de 53 denunciados en 2015 a 103 el pasado 2022, según datos facilitados este jueves a EFE por el Departamento de Derechos Sociales.

También ha aumentado el delito de acoso cometido por estos niños, que son inimputables por ley al ser menores de 14 años, aunque en este caso no existen datos de 2015 pero sí de 2016, cuando fueron acusados 109 menores frente a los 171 en 2022.

Bajan, ligeramente, de 30 hace ocho años a 28 en 2022, la violencia filioparental denunciada; los robos con violencia, de 88 a 45; los delitos de daños, de 133 a 102; y contra las personas de carácter leve, de 171 a 78 niños inimputables.

Suben los delitos ya citados contra la libertad sexual, de 53 en 2015 a 103 en 2022; contra las personas de carácter grave, de 185 a 202; y otros, que no se especifican, que pasan de 27 a 64, según las mismas fuentes.

En total, hace ocho años fueron 975 los menores de 14 años que cometieron hechos delictivos, mientras que el pasado año 2022 la cifra se elevó a 1.024, después de cuatro años en los que se habían registrado menos del millar.

Al ser inimputables por ley estos menores no son tratados como delincuentes por lo que pasan al servicio de atención a menores inimputables de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EMI-14).

El EMI-14 desarrolla el programa "Educando en la responsabilidad", que tiene por objetivo dar respuesta desde el sistema de protección a los menores de 14 años que tienen comportamientos que se considerarían delito si fuesen mayores de esta edad.

Fuentes de la DGAIA han informado de que su actuación "está centrada en una perspectiva preventiva y restaurativa: atención de factores de riesgo de conductas disociales, responsabilización del infractor, reparación del daño a la víctima y restauración de las relaciones sociales rotas por el delito".

En el citado programa se valora cada caso y se hace un estudio del presunto agresor y de su situación personal, social y familiar, para abordar los factores de riesgo que puedan generar conductas disociales en el futuro.