En la investigación que se sigue desde hace catorce años contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, el hispano-ruso Vladimir Kokorev, afloran nuevas pesquisas ahora ampliándose la instrucción a países como Dinamarca en los que el investigado no ha desarrollado actividades comerciales en su empresa naviera, bajo sospecha de blanquear unos veinte millones de euros.

Después de que el fiscal anticorrupción de Canarias, Luis del Río, haya rechazado cerrar aún las diligencias contra Kokorev, se ha remitido a este país europeo una comisión rogatoria pidiendo más material, con el objeto de determinar si el empresario, hoy jubilado y enfermo del corazón (bajo la supervisión constante de cardiólogos), lavó o no dinero fruto de sus contratos con el régimen de Teodoro Obiang.

En esta ampliación de las pesquisas, sin embargo, no se investiga directamente el dinero de la corrupción de Guinea Ecuatorial que persiguen tanto el fiscal como la jueza Ana Isabel de Vega, después de haber recibido hace más de dos años una colección de facturas y contratos que soportan los ‘ingresos dudosos’. Tampoco se va contra Vladimir Kokorev como persona, sino que se pone el foco en empresas terceras que durante años suministraron bienes de equipo a la antigua colonia española.

Para llevar a cabo lo que las defensas de Kokorev denominan “un salto definitivamente prospectivo en la investigación” que se separa de la investigación original, la jueza ha recurrido a información que ya se ha verificado en sede judicial como manipulada: se trata de los archivos contenidos en diversos dispositivos informáticos incautados a Kokorev (en sus domicilios de Madrid y Las Palmas) que incluso la propia UDYCO canaria reconoció ante la jueza haber manipulado: creando ficheros, borrando otros y alterando algunos de manera acreditada.

El recurso a esta maniobra que, según el letrado de la esposa de Kokorev, Antonio José García Cabrera, hace “infinita” la investigación, “algo impensable en un Estado democrático y de derecho, garantista”, lo tendrá que resolver en breve Emilio Moya, en la Audiencia Nacional de Las Palmas. El fondo que se le plantea a la justicia canaria en el escrito es lo enteramente anómalo de que desde un juzgado “se puedan remitir peticiones de ayuda mutua internacional a otros países sin verificar su contenido y aunque ese sea falso”, so capa de que “todo eso ya se examinará en un hipotético juicio”, aún sin fecha ni certeza sobre su celebración tras catorce años.

Instrucción policial sin la obligatoria tutela judicial

El problema, “de una envergadura y unas connotaciones inadmisibles en lo que significa un procedimiento justo y reglado, es que se está enviando información sin contrastar o acreditadamente falsa, abusando a más abundamiento y gravedad de la buena fe de los Estados requeridos, con tal de impulsar una instrucción moribunda y sin rumbo”.

Hasta hoy, la jueza De Vega ha evitado pronunciarse sobre las numerosas irregularidades de la investigación que empezaron allá por 2004 cuando se recurrió a las conclusiones de un informe del Senado norteamericano, dándose la circunstancia de que ninguna de esas conclusiones (alguna afectaba a una empresa naviera de Kokorev, ‘Kalunga Company’, que operaba con Guinea Ecuatorial) aparecía en el informe en sí.

A continuación, la UDYCO pasó a mantener la existencia de “indicios” contra Kokorev recurriendo a los citados dispositivos informáticos, en los que igualmente la policía ha admitido que no se implementó cadena de custodia. De hecho, entre las señales de manipulación, según acreditó una pericia informática, aparecieron algunas tan burdas como “relojes echados para atrás” o “bailes de fechas” en documentos y archivos.

Igualmente, y en relación al contenido de un dispositivo USB atribuido al hijo de Vladimir Kokorev (y que ha servido a la instructora para mantener al joven en prisión preventiva sin fianza durante dos años), éste fue en parte creado por la UDYCO un mes después de su detención.

Ninguna de estas irregularidades, denuncian los abogados de la familia, fue censurada por la jueza, dando “vía libre” a la UDYCO para realizar una instrucción sin control, con secreto de sumario de casi 4 años.

Hasta hoy, la jueza, incluido el momento en que el sumario era secreto, solicitó decenas de comisiones rogatorias por todo el mundo copiando y pegando los oficios policiales en sus autos, sin contrastar y verificar su contenido.