Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Para intensificar y canalizar esta labor, el Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy punta de lanza del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales. Desde su creación, el OCP ha remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.
Para dar a conocer la importancia de estos órganos de prevención, el Notariado ha editado un folleto, disponible en este enlace para su descarga.El OCP es la principal estructura del Notariado español para colaborar con las autoridades en combatir la delincuencia económica. Su creación, por la Orden EHA 2963/2005,permitió intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en este ámbito con las administraciones públicas y las autoridades judiciales y policiales. Los técnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial. También reciben alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan minuciosamente. El Índice Único Informatizado Notarial contiene más de 116 millones de documentos notariales, lo que lo convierte en la segunda mayor base de datos del sector público, tras la de la Agencia Tributaria.
El OCP, comunica en nombre de los notarios las operaciones que considera de riesgo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro. También responde a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales, que persiguen estos delitos.
Así, durante el periodo 2005-2017, el OCP dio respuesta a más de 160.000 solicitudes de autoridades (cerca de 20.000 durante el año 2017) y remitió al SEPBLAC más de 5.000 notificaciones, al apreciar en ellas indicios de delito de blanqueo de capitales.
El director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, destaca que “el sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla”. Además, Galindo añade que “esta labor se realiza siempre con respecto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad”.
El Consejo de la Unión Europea ha reconocido y puesto como modelo la pionera acción del Órgano Centralizado de Prevención en El Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera, prestando especial interés al uso de la tecnología en la lucha contra esta sofisticada criminalidad.
Del Índice Único Informatizado Notarial se derivan dos potentes herramientas: la Base de Datos de Titular Real y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública.
La Base de Datos de Titular Real
Permite a las autoridades públicas obtener el máximo rendimiento de la información recogida en el Índice Único Informatizado Notarial sobre titularidad de sociedades. Creada en 2012, su misión es identificar quién se encuentra detrás de una sociedad, un dato decisivo en la lucha contra este tipo de delitos en los que es habitual el uso de testaferros y sociedad pantalla. En la Base de Datos de Titular Real del Notariado están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 2.000.000 de sociedades limitadas, 117.000 sociedades anónimas y 195.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. En estos cinco años jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado cerca de 3.500.000 de informaciones sobre los titulares reales, de cientos de miles de sociedades y organizaciones identificados en esta base.
El GAFI ha señalado que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real es gracias a la Base de Datos de Titular Real del Notariado. El Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales participa en el proyecto “Ultimate Beneficial Ownership” del Fondo Monetario Internacional, que, en sus conclusiones, va a incluirá la Base de datos de Titular Real como una “mejor práctica” recomendada al resto de países para la identificación del Titular Real (UBO).Transparencia Internacional ha asegurado que en España existe un registro de titularidad real, refiriéndose a la Base de Datos de Titular Real del Notariado. En su informe de 2018 señala: “Los registros centrales de beneficiarios finales están disponibles para autoridades competentes en seis países: Brasil, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España”.
La Base de Datos de Titular Real del Notariado cumple los requisitos del artículo 30.3 de la 4ª Directiva para la prevención del blanqueo de capitales de 20 de mayo de 2015, que señala que la información sobre el titular real debe obrar en una base de datos pública. Su uso a ha sido esencial para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno español en la cumbre internacional de Londres de mayo de 2016. Así se señala en la web del Ministerio de Justicia http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cumbre-londres-2016/compromisos
La Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública tiene identificadas a más de 25.000 personas con responsabilidad pública y sus allegados. De las personas identificadas, cerca de 15.000 son personas de responsabilidad pública por elección o por designación (Altas instituciones del Estado; Gobierno y Administración Central; Comunidades Autónomas, Administración Local y directivos de empresas públicas) y 10.000 son allegados a estas personas por relaciones o por negocios.
El Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) entró en funcionamiento en 2007, para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura, el Notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria. El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles.
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