De izda a dcha: José Manuel Marco, presidente de la AP de Castellón; Amparo Marco, alcaldesa de Castellón de la Plana; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía; Manuel Mata, decano de Castellón; y Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

La participación de la abogacía en la prevención contra el blanqueo de capitales es absolutamente esencial para avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada, pero debe hacerse sin socavar el principio del secreto profesional y con ello, del derecho de defensa. Así lo ha expresado hoy la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en el arranque de las VIII Jornadas de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, organizada por el propio Consejo y que se celebran hoy y mañana en Castellón.

“El estado de derecho debe disponer de los medios para la persecución de los delitos, pero que no supongan violentar la base del ejercicio del derecho de defensa”, ha acotado Ortega, después de calificar el delito del blanqueo de capitales como una verdadera “amenaza para la democracia”. En el mismo sentido se ha pronunciado el decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata, quien defendió el compromiso de la abogacía con la prevención de este tipo de delitos económicos.

También enfatizó la necesaria participación de los abogados y abogadas en la estrategia contra este tipo de delitos el director del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), Pedro Comín, quien apuntó como “elemento fundamental en la estrategia de prevención el análisis de riesgo”. Ha sido la legislación europea la que desde finales del siglo XX ha impulsado las diferentes líneas de trabajo para estrechar el cerco sobre el control de los capitales sospechosos de proceder de orígenes ilícitos. Y será Europa desde donde llegará en los próximos años una nueva autoridad de control que traerá consigo nuevas obligaciones para los abogados.

Victoria Ortega y el director del SEPBLAC, Pedro Comín

La legislación ya contempla a los profesionales de la abogacía como objetos obligados a declarar las actividades que consideren susceptibles de ocultar un posible blanqueo de capitales, a pesar de lo cual su actividad es muy limitada. El propio Comín explicó que las pocas comunicaciones que se transmiten suelen caracterizarse por que sus protagonistas son no residentes, por operaciones en efectivo y por problemas con los bancos. No obstante, el máximo responsable de este servicio avanzó que en los próximos años el compromiso de colaboración será más exigente, aunque no definió cuándo se creará el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales en el seno de la abogacía.

El presidente de la subcomisión de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales del Consejo, Jesús Pellón, defendió el trabajo que el propio Consejo lleva realizando en los últimos años y señaló la relevancia de que los ciudadanos sigan teniendo muy clara la trascendencia del secreto profesional que se establece entre el cliente y el profesional.