La banca española debe avanzar más para cumplir con el marco jurídico en materia de divulgación de información no financiera sobre cuestiones medioambientales y, a la vez, tiene que adoptar políticas más ambiciosas para alinear sus actividades con sus objetivos en materia de lucha contra el cambio climático y de desarrollo sostenible.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado sus informes “La información medioambiental en los Estados de Información No Financiera de la banca española: Análisis 2019” y “Análisis de las políticas medioambientales y climáticas de la banca española”, en un evento titulado “El rol de la banca en la lucha contra el cambio climático: Transparencia y Políticas climáticas”.
En el evento han participado Elena Arveras (Responsable de Políticas en materia de Divulgación de Información No Financiera, Comisión Europea), Antoni Ballabriga (Director Global de Negocio Responsable, BBVA), Juan Carlos Delrieu (Director de Estrategia y Sostenibilidad, Asociación Española de Banca), Federico Gómez Sánchez (Director de Sostenibilidad, Grupo Santander) y Mark Lewis (Jefe de Estrategia y Sostenibilidad, BNP Paribas Asset Management). La presentación de los informes la han realizado Ana Barreira (directora de IIDMA), Quentin Aubineau (abogado de IIDMA).
En estos informes se destaca que, a través de la financiación, la banca puede contribuir a descarbonizar la economía apoyando proyectos respetuosos con el medio ambiente o, por el contrario, como sucedió en las últimas décadas, puede respaldar actividades que contribuyen a exacerbar el cambio climático o son perjudiciales para el medio ambiente, algo a lo que no ha lugar a cinco años de la firma del Acuerdo de París. Por lo tanto, es imprescindible que la banca española cumpla con los requisitos de la Ley 11/2018 en materia de divulgación de información no financiera sobre cuestiones ambientales, los cuales permiten evaluar el compromiso de la banca con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
“La divulgación de información no financiera en materia ambiental es fundamental para entender cómo la banca gestiona los riesgos climáticos y los impactos ambientales procedentes de sus servicios financieros. Sin embargo, la información no financiera divulgada para el ejercicio 2019 por los seis bancos analizados en este informe no es suficiente con respecto a su actividad financiera. Entonces, la banca debería seguir las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de divulgación de información no financiera”, afirma el abogado de IIDMA, Quentin Aubinaeu.
“La información medioambiental en los Estados de Información No Financiera (EINF) de la banca española: Análisis 2019”
La importancia de los Estados de Información No Financiera (EINF) que los bancos españoles deben incluir en su Informe Anual de Gestión Consolido en virtud de la Ley 11/2018, radica en que tienen que reflejar los impactos ambientales y sociales que genera la actividad de este sector. Esto es necesario para entender la situación económica global de los bancos.
Este informe analiza los EINF de los seis principales bancos del país: Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander, para evaluar cómo cumplen con las obligaciones de divulgación de información no financiera establecidas por la Ley 11/2018. Esta transpuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/95/UE que exige a las grandes compañías informar sobre “la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de su actividad relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales”.
Asimismo, la Ley española establece que, en los informes de gestión, los bancos deben incluir un Estado de Información No Financiera con “información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente, y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el consumo de agua y la contaminación atmosférica”.
El análisis muestra que los EINF de banca española correspondientes al ejercicio 2019 no recogen toda la información ambiental requerida para cada una de las cinco categorías de información ambiental previstas por la Ley 11/2018: Contaminación; Economía Circular, prevención y gestión de residuos; Uso sostenible de los recursos Cambio Climático y Protección de la Biodiversidad.
Los EINF analizados se limitan a divulgar información ambiental general sin hacer hincapié en los impactos o riesgos ambientales específicos a la actividad económica de la banca. A pesar de las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Europea, en materia de divulgación de información no financiera, publicadas en 2017 y 2019, la información divulgada en los EINF de la banca española se centra en los impactos ambientales y climáticos de los edificios de las entidades, pero no así de sus productos financieros.
Tras realizar este análisis, IIDMA recomienda a los seis bancos españoles divulgar información sobre cuestiones medioambientales que sean pertinentes respecto a su actividad financiera, basándose en las Directrices de la Comisión Europea sobre la presentación de informes no financieros: Suplemento sobre la información relacionada con el clima, publicada por la Comisión Europea el 20 de junio de 2019, especialmente en las Orientaciones suplementarias para los bancos y las compañías de seguros, con el objetivo de tener en cuenta los impactos de sus inversiones, tanto directos como indirectos, en el medioambiente. Es decir, que sean relativos a la contaminación ambiental, a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y/o a la pérdida de biodiversidad que procede de la actividad financiera de la banca.
Por último, con el proceso de revisión de la Directiva 2014/95/UE, es probable que se refuerzan las obligaciones en materia de divulgación de información no financiera sobre cuestiones medioambientales, con el objetivo de mejorar la divulgación de información pertinente con respecto a la actividad económica desarrollada por cada empresa sometida a esta Directiva.
“Análisis de las políticas medioambientales y climáticas de la banca española”
El objetivo de este informe es el análisis de las políticas ambientales y climáticas, así como de los compromisos sectoriales que han adoptado Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander para alinear sus actividades con los estándares internacionales en materia de lucha contra el cambio climático y desarrollo sostenible.
La banca española se ha adherido a varias iniciativas internacionales para alinear sus actividades con los objetivos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático y de desarrollo sostenible. Destacan iniciativas para la consecución de los objetivos del Acuerdo de Paris y de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la vez que se han adoptado los Principios de Banca Responsable en septiembre 2019 y la entrada en vigor de los nuevos Principios del Ecuador en octubre 2020. Sin embargo, a pesar de haberse adherido a estas iniciativas internacionales se han seguido financiando actividades incompatibles con los objetivos de lucha contra el cambio climático.
Desde la adopción del Acuerdo de París, 35 bancos internacionales destinaron más de $2,7 billones de financiación a proyectos basados en combustibles fósiles[1]. Entre ellos, están el Banco Santander ($25.736 mil millones) y BBVA ($17.452 mil millones) a pesar de que ambos se han adherido a iniciativas internacionales para alinear sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París.
Por lo tanto, es fundamental que la banca se comprometa a excluir de sus productos financieros todas las actividades que no estén alineadas con los objetivos del Acuerdo de París o de la Agenda 2030.
La banca ha desarrollado políticas en los sectores susceptibles de tener mayores impactos ambientales o climáticos, como son los sectores de la minería y extracción, de la energía y de la agricultura y soft commodities. Los compromisos sectoriales que ha desarrollado la banca, prohíben la financiación de algunos proyectos y clientes que realizan actividades incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030. Si bien, estas políticas sectoriales son necesarias, tienen que ser más ambiciosas para asegurar que la banca no otorga financiación a actividades incompatibles con los objetivos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático o de desarrollo sostenible.
Como recomendaciones, IIDMA plantea a los bancos seguir las sugerencias del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima (TCFD), divulgar las emisiones de GEI e impactos ambientales procedentes de sus productos financieros, y adoptar políticas sectoriales tanto para descarbonizar su cartera en línea con los objetivos del Acuerdo de Paris como para reducir los efectos que sus actividades tienen en el medio ambiente.
Seguir los Principios de Banca Responsable mediante la incorporación, en sus políticas de sostenibilidad, de métricas que permitan evaluar la compatibilidad de sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030, junto con las medidas que se implementan para alcanzarlos.
Además, actualizar sus políticas sectoriales a fin de excluir la financiación de cualquier actividad incompatible con los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030, sin excepción, y condicionar la financiación de sus clientes existentes a la adopción de un plan de transición alineado con los objetivos de ambos marcos multilaterales.
"Con este informe se muestra que en los últimos años el sector bancario está dando pasos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y lograr los ODS, sin embargo al mismo tiempo es patente que queda mucho camino por recorrer y que está pendiente el fin de la financiación a los combustibles fósiles", declara la directora de IIDMA, Ana Barreira.
[1] Banktrack, Banking on Climate Change: Fossil fuel finance report card, 2020.
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