Un juzgado de Palma de Mallorca ha presentado una nueva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el objetivo de que dicte un pronunciamiento "contundente, claro y preciso" que solvente las dudas acerca las hipotecas referenciadas al IRPH.

En un auto conocido este lunes, la titular del juzgado, Margarita Poveda, formula quince preguntas al alto tribunal europeo, que ya ha resuelto hasta en dos ocasiones sobre el IRPH, la última, el pasado noviembre, cuando respaldó la validez de estas hipotecas.

En aquella resolución, el TJUE aclaraba que la normativa comunitaria no obligaba a las entidades financieras a incluir una "definición completa del índice de referencia que sirve para calcular un tipo de interés variable".

Tampoco es necesario, a efectos de transparencia, que entregue, antes del contrato, "un folleto que recoja la evolución anterior de ese índice" al ser aspectos de publicación oficial, eso sí, únicamente si el consumidor está "en condiciones de comprender el funcionamiento" a partir de los datos disponibles y la información facilitada.

Antes, en marzo de 2020, el tribunal con sede en Luxemburgo estableció que para que la cláusula fuera transparente tenía que ser comprensible desde el punto de vista "formal y gramatical", y aclarar al consumidor medio cómo se calcula el tipo de interés y sus consecuencias económicas.

Ahora, el juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma de Mallorca justifica su batería de dudas en el "gran volumen de demandas" que existe en materia de contratación hipotecaria.

Esta circunstancia, prosigue, lleva a la "necesidad urgente de unificar el criterio" por parte de los juzgados, para "evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias que provoquen un grave daño material irreparable a los consumidores españoles".

Aunque la razón "más preocupante viene motivada porque el Tribunal Supremo parece venir realizando una reinterpretación del Derecho de la Unión Europea que una parte de los jueces nacionales considera dudosamente acorde a la normativa de protección a los consumidores y usuarios".

Entre otras cuestiones, la magistrada pide al TJUE que aclare si es acorde con la normativa comunitaria una doctrina nacional que ampara que el profesional no suministre al consumidor, antes de que firme el contrato, información sobre las condiciones del préstamo y la inclusión de la cláusula IRPH.

Desde el despacho Martínez-Blanco Abogados, cuyo letrado director, Norberto José Martínez Blanco defenderá a los consumidores ante Europa, confían en que la futura resolución ponga "punto y final" y aclare un asunto "que está causando una sangría económica para más de 1,3 millones de hipotecas en España".