La trasposición de la directiva 2014/17/UE debía haberse hecho el 21 de marzo de 2016. Llegamos tarde y con amenazada de Luxemburgo de sanción millonaria por dilación indebida.

No sólo llegamos tarde, sino que se pretende una trasposición parcial que incumple el deber de lealtad institucional y que nos mantiene en el actual ‘limbo’ jurídico en el que se encuentran cerca de un millón de hipotecas.

La directiva hipotecaria es muy clara al señalar que el banco tiene la obligación de informar al consumidor de la totalidad de ofertas existentes en el mercado. La trasposición propuesta tan sólo menciona la obligatoriedad de la ficha europea de información normalizada para que sea el consumidor pueda comparar.

Además, a pesar de que Luxemburgo falló de manera contundente contra las cláusulas suelo como incompatibles con la directiva de derechos del consumidor, la trasposición propuesta las mantiene. Eso sí, más acotada en la horquilla entre suelo y techo, pero las mantiene.

La directiva prohíbe la venta cruzada de productos vinculados a la hipoteca, pero la trasposición la permite “siempre que informen adecuadamente”.

Por otra parte, se permite la venta de los datos de solvencia de los consumidores incluso a entidades privadas, lo que contraviene abiertamente el reglamento europeo de protección de datos personales.

La buena noticia e que se pone fin a las hipotecas multidivisas. Serán nulas todas aquellas firmadas por quien perciba la mayoría de sus ingresos en euros. También se limita el interés de demora al 3% y se reducen las comisiones por vencimiento anticipado o por la conversión de una hipoteca a tipo variable en una a tipo fijo.

En definitiva, queda mucho por enmendar para una ley que debía estar para ayer.