Con el crecimiento del sector de instrumentos de crédito en línea en España se incrementan también las inquietudes de los consumidores a la hora de acceder a estos servicios. Como a través de la red resulta mucho más complicado para un consumidor poder establecer si el prestador es una entidad de confianza o no, especialmente cuando no se trata de un banco reconocido sino de nuevas empresas de tecnología financiera, muchas personas evitan recurrir a ellos o, lo que es aún peor, caen víctimas de estafas de parte de cibercriminales locales y extranjeros.

En este sentido, la información es una herramienta fundamental para evitar sufrir las consecuencias de un mercado que, muchas veces, escapa al conocimiento del ciudadano de a pie. Por ello, en este artículo se incluyen algunos datos claves para conocer antes de embarcarse en la solicitud de un préstamo rápido online.

¿Es legal solicitar un préstamo rápido online?

Los créditos online, en todas sus variantes como microcréditos, préstamos personales y préstamos rápidos, son simplemente créditos al consumo, por lo que sus términos y condiciones se deben ajustar a la normativa que indica el Banco de España. Esto quiere decir que, tanto para el proveedor como para el solicitante, el contrato que se establece es completamente legal siempre y cuando se efectúe con una entidad registrada y bajo regulación de la autoridad monetaria española.

Por esta razón, es primordial verificar que el prestador, sea un banco o una compañía financiera, se encuentre en el registro de entidades autorizadas para brindar estos servicios. Caso contrario, se podría estar tratando con una empresa fantasma de operación ilegal, por lo que el riesgo de estafas podría ser muy elevado. Los vínculos contractuales entre deudor y acreedor prevén derechos y obligaciones que tienen la función de tutelar la relación que se establece entre ambos, brindando la seguridad a ambas partes frente a incumplimientos. Cuando se trata con oferentes fuera del circuito legal, la vulnerabilidad del solicitante frente al proceso es total.

Las precauciones a tener en cuenta

La ley estipula diferentes pautas para proteger la figura del consumidor al momento de pedir un préstamo rápido. Los proveedores del servicio deben indicar de forma clara, transparente y permanente las condiciones de contratación del instrumento, es decir, el importe del préstamo, la tasa de interés porcentual que aplica y el coste financiero anual, entre otros. Esto se debe traducir en una indicación clara para el cliente del valor y cantidad de cuotas mensuales a las que deberá hacer frente en el período estipulado para devolver el crédito.

Los préstamos rápidos online tienen un tipo de interés que es significativamente más alto que el de los créditos tradicionales, justamente por su velocidad de adjudicación y los escasos requisitos pedidos. Sin embargo, tanto la tasa de interés debe estar aclaradas explícitamente en los términos del contrato y no debe ser abusiva. Lo mismo ocurre en el caso de que existan comisiones compensatorias por la cancelación anticipada del préstamo rápido para el consumidor.

Estos cargos adicionales por mora o por devolución anterior al plazo fijado son otros de los motivos por los cuales el endeudamiento con estos instrumentos puede ser perjudicial para las finanzas personales si no se toman las precauciones correspondientes. Leer detenidamente las cláusulas del acuerdo es el principal mecanismo de defensa que un usuario puede tener frente a abusos del acreedor, ya que, además, la ley faculta al cliente a desistir de su solicitud dentro de los 14 días de firmado el convenio.

¿Cuáles son las obligaciones legales del solicitante?

En cuanto al rol del cliente, existe obviamente la obligación de cumplir en tiempo y forma con los pagos convenidos al momento de adquirir el préstamo. En caso de demora, el proveedor puede accionar las cláusulas contractuales que lo facultan a iniciar el cobro de intereses de demora.

El solicitante puede pedir una renegociación de la deuda con el acreedor, en caso de que esto sea posible, asumiendo costes adicionales por el incumplimiento del acuerdo. En cualquier caso, caer en situación de mora tendría además otras consecuencias, como la inclusión en algún registro de deudores morosos de España, como ASNEF.