El plan de igualdad es obligatorio si la empresa tiene más de 50 empleados
Como ya os informábamos en Mayo de 2019 las empresas deben contar con un plan de igualdad y registrarlo. También aprovechamos para recordarte que su incumplimiento puede costar hasta 225.000 euros.
Las empresas que no cuenten con un plan de igualdad no serán elegibles para recibir ayudas o bonificaciones. Desde el año 2022, según la ley, todas las empresas con más de 50 empleados están obligadas a implementar un plan de igualdad.
Esta normativa se aplica a 31,300 empresas en España. Según los datos de la Inspección de Trabajo, al final del 2022, aproximadamente 229,000 trabajadores estaban afectados por esta regulación.
En el contexto de los planes de igualdad, las empresas pueden solicitar ayudas para la contratación. Con la obligación de tener estos planes, las empresas deben registrarlos en el registro público REGCON de manera obligatoria para poder obtener las ayudas específicas.
Imposibilidad de conseguir nuevas ayudas, pero también se contempla la pérdida de las ya concedidas.
Además de esto, es importante mencionar que las empresas pueden perder las ayudas recibidas si, por ejemplo, no retienen el empleo de las personas contratadas mediante estos incentivos. Por lo tanto, deben mantener el empleo de los contratos con incentivos durante un período mínimo de tres años.
Los expertos de GD Empresa señalan que, aunque las empresas deben mantener el empleo de los trabajadores con contratos bonificados durante tres años, los incentivos otorgados a estas empresas no solo buscan proporcionar empleo a personas con dificultades para entrar en el mercado laboral, como desempleados de larga duración y jóvenes sin calificación, sino también pretenden que estos contratos sean estables.
Despidos por causas objetivas
Si la empresa no cumple con mantener los contratos bonificados durante tres años, deberán devolver las bonificaciones recibidas. Además, también tendrán que pagar un recargo y los intereses correspondientes.
Sin embargo, la regulación también establece excepciones. Por ejemplo, las empresas no tendrán que devolver las ayudas recibidas en el caso de que se aprueben despidos disciplinarios y estos sean por causas objetivas, y no sean declarados como injustificados.
