Por primera vez, un juzgado de la Audiencia Nacional posibilita a las víctimas de una gran estafa piramidal denunciar los hechos a través de un correo electrónico. El Juzgado de Instrucción número 5 investiga a los responsables de una organización criminal por estafar a más de 8.000 pequeños inversores mediante venta de aparatos GPS por internet. Hasta el momento han sido detenidas 21 personas en España por estos hechos

El Juzgado numero 5 de la Audiencia Nacional ha hecho público a través de la Oficina de Comunicación de este tribunal la dirección de correo electrónico m-cmd-pj-bateo@guardiacivil.org al que podrán dirigirse los miles de perjudicados por una estafa piramidal que investiga el juzgado desde hace meses y que se cometía mediante la venta por internet de aparatos GPS a personas distribuidas en 70 países del mundo. Los afectados que no hayan denunciado todavía los hechos pueden hacerlo a través del correo habilitado o dirigirse a un cuartel de la guardia civil.

La investigación coordinada por la Audiencia Nacional y llevada a cabo por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil ha acreditado que al menos desde 2013, miles de pequeños inversores invirtieron a través de internet pequeñas cantidades de dinero en la creencia de que adquirían aparatos, en la mayoría de los casos geolocalizadores, que posteriormente se alquilarían a terceros. De esta forma, obtendrían beneficios proporcionales a la cantidad de dinero invertida, incrementándose en función al número de personas que invirtiesen en el supuesto “negocio”. Los responsables de esta estafa iniciaron los hechos en Brasil extendiéndose posteriormente a Europa y el resto del mundo, “mutando” de países y empresas conforme la pirámide iba ampliándose.

Hasta el momento se ha detenido en España a 21 personas por su participación en estos hechos y se han identificado más de 100 empresas y 50 cuentas bancarias utilizadas por los presuntos delincuentes.

Además del correo electrónico habilitado, los perjudicados por esta múltiple estafa pueden dirigirse a las dependencias de la guardia civil con toda la documentación que cuenten y que permita al juzgado determinar el alcance de la cantidad defraudada y el número de personas afectadas.