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  • El ministerio crea una aplicación informática que permite una más eficaz recopilación y envío de la voluminosa documentación incluida en la causa. 

 El Ministerio de Justicia ha habilitado una unidad administrativa en la Audiencia Nacional para dar soporte a la tramitación del sumario del conocido como ‘caso iDental’, que instruye el juez central de Instrucción 5 de ese órgano judicial, José de la Mata.

Esa unidad administrativa funciona de manera similar a cualquier oficina judicial, pero centra su labor de manera exclusiva en la gestión del citado procedimiento, un macroproceso que cuenta ya con doscientas piezas abiertas, correspondientes a diligencias incoadas en juzgados de distintas provincias. La Audiencia Nacional calcula que, una vez unificadas todas las investigaciones judiciales abiertas en distintos puntos de España, la causa superará las mil piezas separadas y que el número de personas perjudicadas sea de varias decenas de miles.

Además de esa oficina judicial habilitada para tramitar en exclusiva ese macrosumario, el Ministerio de Justicia ha creado una aplicación informática específica para una más eficaz tramitación del procedimiento judicial, que requiere de un complejo y delicado proceso de recopilación y envío de elevados volúmenes de documentación procedente de los distintos juzgados que ya han actuado en el caso, así como distintas consejerías de catorce gobiernos autonómicos. 

Responsables de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia han participado, junto a representantes de la Fiscalía General del Estado y de las catorce comunidades autónomas afectadas, en la reunión de coordinación convocada este jueves por el magistrado De la Mata en la sede de la Audiencia Nacional.

El Juzgado Central de Instrucción 5 se hizo cargo de esta investigación el pasado 26 de julio a raíz de una denuncia de afectados de Andalucía, y su titular investiga los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. 




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