El Consejo General de la Abogacía Española y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) han firmado esta tarde un convenio que permitirá que todas las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado puedan comunicar con sus abogados a través de videoconferencia.
El objetivo es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de las herramientas tecnológicas. En concreto, de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de IIPP.
El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019, tras la firma de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica de las personas privadas de libertad en las prisiones de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Malaga II (Archidona). Tras el éxito de aquella experiencia, el año pasado el sistema se extendió a los centros penitenciarios Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real). Con este convenio marco se quiere ir extendiendo a todos los demás centros, a medida que los Colegios de la Abogacía se vayan adhiriendo al mismo.
Han intervenido en la firma del acuerdo la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz. Victoria Ortega, ha subrayado que con la extensión de esta opción a todas las cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias se conseguirá “ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes”. Todo ello, “sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos”, afirmó Ortega.
No hay comentarios.