Madrid, 27 dic (EFE).- El 63 % de los inquilinos españoles tiene que destinar más del 30 % de los ingresos del hogar a pagar la renta y los gastos ligados a la vivienda en alquiler, según el último estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este organismo califica como hogar vulnerable aquél que destina más de ese porcentaje a pagar el alquiler. De esta manera y según apunta el estudio que ha subvencionado el Ministerio de Consumo, el porcentaje de hogares vulnerables "aumenta" y en el caso de los hogares con menos recursos, acceder a una casa alquilada puede ser "misión imposible".

El estudio, basado en casi 3.000 entrevistas telefónicas planteadas a arrendatarios, arrendadores y una muestra de la población general que es propietaria de vivienda (octubre y noviembre de 2023), concluye que el origen de la presión en el precio del alquiler proviene de un desequilibrio agravado entre la oferta y la demanda.

Describe el informe que el precio del alquiler de vivienda en las grandes ciudades ha escalado hasta tasas "que hacen muy difícil acceder" a las mismas para hogares con ingresos medios.

La consecuencia, reitera, es el riesgo de convertir en “vulnerables” a una gran mayoría de hogares, entendiendo por vulnerables aquellos que destinan más de un 30 % de sus ingresos a pagar la renta y los gastos ligados a la vivienda, como los suministros.

Miedo a no cobrar la renta

La oferta de vivienda en alquiler, dice la OCU, se ha retraído como consecuencia del "miedo de muchos propietarios" a no poder cobrar la renta y a padecer daños y gastos en unos inmuebles que tardan meses en recuperar en caso de problemas.

Subraya que una demanda creciente y una oferta a la baja provoca una subida de precios del alquiler "que no cesa" porque no existen alternativas a la necesidad básica de vivienda, salvo el alquiler compartido y el arrendamiento de habitaciones, "que crecen día a día".

La OCU demanda, por un lado, la adopción urgente de un "plan ambicioso" de inversión en vivienda pública en alquiler "que vaya más allá de los discursos y se proponga metas anuales realistas buscando fórmulas de colaboración público-privada".

Cifra en al menos 600.000 las viviendas públicas necesarias para incorporar al parque en régimen de alquiler. Esa cantidad facilitaría un "impacto estable" en un parque en el que actualmente hay casi tres millones de viviendas alquiladas, añade.

Paralelamente, el estudio asegura que la manera más rápida de aumentar la oferta es aportar seguridad a los arrendadores particulares, que constituyen el 80 % de los proveedores de casas alquiladas en España.

"No sería descabellado", prosigue, "aspirar a movilizar para el alquiler" unas 500.000 viviendas de las que actualmente están vacías en las ciudades y zonas con demanda.

Agrega en ese sentido que la seguridad jurídica "facilitaría igualmente" una mayor inversión privada en vivienda en alquiler por parte de fondos y socimi, que "contribuirían a una profesionalización del mercado".

El 33 % de arrendadores está jubilado

Respecto al perfil del arrendador, el informe destaca que el 58 % de los arrendadores trabaja por cuenta propia o ajena y otro 33 % es pensionista o jubilado, mientras que un 6 % está en situación de desempleo y un 2 % se dedica a sus labores.

Respecto de la situación económica del hogar, un 9 % de arrendadores la describe como difícil o muy difícil (frente a un 26,6 % en el caso de los inquilinos y un 21 % de la muestra general de propietarios de vivienda).

También resalta que el 76 % de los arrendadores tiene una sola vivienda en alquiler; otro 14 % posee dos y el 10 % cuenta con tres o más.

Por tipología de la vivienda, en el 89 % de los casos se trata de un piso, con tres dormitorios en el 46 % de los inmuebles y 2 dormitorios en otro 33 % de ellos.

De los caseros consultados, el 24 % de ellos tuvo problemas con el alquiler y el más recurrente fue el impago de la renta (el 57 % de los casos), que afecta al 14 % del total de arrendadores.

Los daños en la vivienda constituyeron el 37 % de los problemas y afectaron al 9 % de arrendadores totales y los retrasos en el pago del alquiler sumaron el 36 % de problemas y afectaron al 8 % del total de caseros, en tanto que las quejas recibidas de parte de vecinos supusieron el 14 % de los problemas y afectaron al 3 % del total de arrendadores.

Nóminas para firmar el contrato

El documento más exigido al aspirante a inquilino es la presentación de las últimas nóminas, exigidas al 61 % de ellos, seguido por el contrato de trabajo (58 %) y la declaración de la renta (23 %).

Respecto del importe de la renta media mensual pagada (datos globales para el total de encuestados, sin distinción regional), asciende a 605 euros.

Un 15 % paga entre 751 y 1.000 euros, y otro 7 % paga más de 1.000 euros mensuales.

El grupo más numeroso es el que paga una renta mensual de entre 301 y 500 euros, que son un 32 % del total, cuatro décimas más del porcentaje de los que pagan entre 501 y 750 euros, resalta el informe.