Ante la usurpación histórica de nuestros territorios sagrados ancestrales, que ha sido y sigue siendo contraria al derecho nacional e internacional, que infringe los tratados vigentes suscritos por la corona española y posteriormente por el Estado de Chile, que han sido indebidamente entregados a empresas extractivistas que están produciendo desertificación, sequías, incendios y contaminación, lo cual violenta los derechos de la naturaleza y la dignidad de las personas, así como la progresiva y sistemática extinción de nuestra cultura, las Autoridades Ancestrales del Pueblo Nación Mapuche, junto con la Misión Permanente Mapuche ante la ONU, la Comisión Mapuche de Derechos Humanos y la Comisión Kimche Defensores de Wallmapu (CKDDW), hemos tomado la decisión de presentar una petición de arbitraje al Estado de Chile ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, proponiendo como juez árbitro internacional, en representación del Pueblo Mapuche, al Señor Baltasar Garzón Real.
Contexto histórico
El pueblo nación mapuche tiene una historia de siglos de resistencia a las invasiones foráneas en su territorio. Fue el único pueblo originario que resistió la invasión del Imperio Inka, con el que estableció fronteras comunes y un largo período de prosperidad pacífica de ambos pueblos, con intercambio cultural y de productos naturales de cada territorio soberano.
Los mapuche resistieron desde su inicio la invasión colonial en 1546 mediante una tenaz lucha, hasta que la Corona española se vio obligada en 1641 a reconocerlos como un pueblo y nación autónoma e independiente con soberanía sobre sus territorios, cuestión que quedó ratificada en el Tratado de Quilín (6 de enero de 1641). Fueron tiempos de paz y desarrollo económico para el pueblo mapuche.
La nación mapuche llegó a acuerdos en pie de igualdad con los nuevos Estados surgidos tras los procesos de independencia de las antiguas colonias españolas, firmando los Tratados de Tapihue con Chile (1825) y de Paz con Argentina (1870). Sin embargo, tiempo después, Chile y Argentina infringieron estos tratados. Los Mapuche fueron masacrados por los ejércitos de las Repúblicas de Chile y de Argentina mediante una invasión violenta de nuestro territorio que tuvo un carácter abiertamente genocida, a través de la mal denominada Pacificación de la Araucanía en Gulumapu (Chile, 1861 - 1883) y Campaña del Desierto en Puelmapu (Argentina, 1881-1885). Se trató de una acción bélica de tierra arrasada que provocó asesinatos, saqueos, quema de rukas y destrucción de cultivos, con el fin de usurpar y despojar al pueblo Mapuche de sus tierras, bosques, ríos y recursos naturales, desconociendo la soberanía de la Nación Mapuche sobre sus territorios.
Los sobrevivientes de aquel exterminio fueron empobrecidos como resultado de la drástica reducción de sus territorios, provocando que miles de Mapuche murieran de hambre y que otros se vieran forzados a migrar a la ciudad. Cientos de niños fueron separados de sus madres y entregados como servidumbre a los nuevos colonos; se les obligó a ir a la escuela con prohibición absoluta de hablar en su lengua de origen, en caso contrario eran ferozmente castigados a golpes y sometidos a otras clases de tortura. Miles de familias Mapuche castellanizaron sus apellidos para evitar la persecución, el acoso y la discriminación en el acceso al trabajo y en la escolarización, provocando que muchos de ellos se avergonzaran de sus orígenes.
Mientras este exterminio tenía lugar, el Estado chileno desarrolló una política expansiva de colonización europea (suizos, alemanes, holandeses, polacos, italianos, entre otros) entregando los territorios usurpados a nuevos colonos nacionales y extranjeros, con el fin de “mejorar la raza”. A su vez también se hicieron entregas de Títulos de Merced (1927 a 1961) entre algunas familias Mapuche sobrevivientes a las que el Estado “generosamente” les permitía permanecer en los territorios asignados. Sin embargo, muchas comunidades fueron despojadas de esas tierras por particulares, mediante violencia o engaño, que las legalizaron a su nombre. De esta práctica se beneficiaron colonos extranjeros, empresarios e iglesias, tanto católicas como evangélicas.
Por más de 130 años el pueblo nación Mapuche ha continuado reivindicando la restitución de sus territorios ancestrales, el respeto de su autonomía, autodeterminación, de su cultura y la defensa de su lengua. Hoy resiste la invasión del modelo neoliberal extractivista impuesto por la dictadura de Pinochet con el continuismo de los respectivos gobiernos de la transición de distinto signo político, que promueven, protegen y defienden los intereses de las empresas forestales, mineras, hidroeléctricas, pesqueras, agrícolas e inmobiliarias que se han instalado en los territorios ancestrales del Wallmapu. A la fecha de presentación de esta petición en el Gulumapu rige un estado de excepción constitucional que permite la militarización de nuestros territorios y la suspensión de la protección de varios de nuestros derechos humanos.
Los Estados de Chile y Argentina mantienen una usurpación desproporcionada y violenta de alta intensidad, que la nación Mapuche nunca aceptará y que es contraria al derecho interno de Chile y Argentina y contraria al derecho internacional. Ante los continuos abusos de poder de las autoridades políticas, judiciales y policiales que no hacen más que defender los intereses económicos de las empresas extractivistas, el pueblo nación Mapuche, una vez más, se ha levantado en defensa de su cultura ancestral y sus territorios que hoy ven amenazada su existencia como pueblo originario.
La respuesta de todos los gobiernos de la post dictadura, del signo político que sean, ha sido aplicar la Ley Antiterrorista (heredada de la dictadura de Pinochet y que sólo se aplica al Mapuche), la criminalización de la protesta social Mapuche, la militarización, la violencia policial y militar, así como de cuerpos privados de seguridad contratados para defender los intereses privados de latifundistas. Hoy padecemos hostigamiento, allanamientos, detenciones, denuncias falsas, operaciones policiales falsas para incriminarnos, e incluso tortura y muerte. Esta represión se manifiesta en:
- Allanamientos de comunidades Mapuche en procesos de recuperación, que implican golpes indiscriminados, muchas veces infligidos a niños, mujeres y ancianos, disparos con balines de acero, gases lacrimógenos al interior de los hogares, detenciones arbitrarias o injustificadas, incautación de herramientas de trabajo, enseres domésticos, vehículos y destrucción de las viviendas y destrucción de alimentos con productos nocivos para la salud.
- Tortura a niños Mapuches que son baleados y acusados de terroristas.
- Asesinato por la espalda de una veintena de comuneros Mapuche a manos de agentes del Estado o latifundistas que aun andan libres por las calles.
- Montaje de pruebas falsas, en una nueva arremetida Jurídico-Policial con el fin de mostrar un carácter terrorista y vandálico, criminalizando la justa lucha pacífica por nuestros derechos y nuestro territorio.
- Centenares de presos políticos Mapuches (PPM) en las cárceles de Angol, Bío Bío, Temuco, Valdivia, que permanecen en prisión preventiva (sin condena), golpeados, torturados, acusados de usurpadores y de pertenencia a asociación ilícita, sometidos a larguísimos procesos judiciales y sin juicio mientras se fabrican las pruebas. Otros tantos centenares de comuneros Mapuche han pasado por las cárceles del Estado chileno y la gran mayoría han salido absueltos después de dos años o más de encarcelamiento.
- Decenas de Huelga de Hambre de los PPM, desde 2007 en adelante, para exigir justicia y conseguir los beneficios carcelarios a los que tienen derecho según el Convenio 169 de la OIT, que no se respeta. Frente al abuso jurídico policial, la huelga de hambre es el último recurso que les queda a los PPM con las debidas secuelas físicas y psicológicas que conlleva para el resto de su vida.
- Hoy sufren la devastación de sus escasas tierras recuperadas por los efectos del terrible mega incendio originado en las plantaciones de monocultivos de las Empresas Forestales Mininco y Arauco que han arrasado más de 450.000 hectáreas de tierra, producido 26 muertes, pérdida de sus casas y cosechas, con flora y fauna incluidas. De todo esto, se quiere hoy culpar a los propios Mapuche.
Por todas estas razones y otras que se consignan directamente en la petición internacional de arbitraje, se hace indispensable concienciar a la sociedad chilena y argentina sobre las graves violaciones a los derechos humanos que ha sufrido el Pueblo Nación Mapuche a lo largo de la historia y para ello, se deben tomar las medidas oportunas para evitar que estos actos no queden impunes. La única forma de acabar este conflicto que ya dura siglos es que se nos restituya nuestro territorio y se respeten los tratados firmados y vigentes.
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