Madrid, 7 sep (EF).- El rey Felipe VI preside la apertura del año judicial marcado por el debate sobre una ley de amnistía en Cataluña que levanta ampollas en la judicatura y que condiciona las negociaciones para formar Gobierno, mientras en un CGPJ en descomposición crece el desánimo tras casi cinco años de interinidad.

Como es tradición, el Supremo acogerá el acto protocolario de apertura del año judicial al que asistirá la cúpula judicial y los representantes de las principales instituciones del país, que miran con incertidumbre el complejo escenario político que se abre, tras las exigencias del expresidente catalán Carles Puigdemont para que Junts apoye la investidura del próximo presidente del Gobierno.

Aunque es poco probable que el tema salga a relucir en los discursos institucionales del presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el debate de la amnistía apunta a monopolizar los 'corrillos' que son costumbre en el cóctel posterior.

La ley de amnistía que exige el político fugado antes de comenzar a negociar con Pedro Sánchez no gusta a la judicatura, mucho menos en el Tribunal Supremo que ha diseñado toda la arquitectura jurídica contra el procés, avalada posteriormente por el Constitucional.

Como tampoco ha gustado en particular la reunión en Bruselas de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con Puigdemont, que ha causado "asombro" y "malestar" en el tribunal que lleva años persiguiendo al expresident.

Pero como apuntan algunas voces en la magistratura no solo está en juego la gobernabilidad del país, sino el futuro de instituciones como el CGPJ que está condicionado a lo que ocurra en el panorama político, porque hasta que no haya Gobierno la carpeta para la renovación del órgano de gobierno de los jueces seguirá cerrada.

Y no será por la urgencia del tema. Con un presidente interino en el Supremo, que tiene desde hoy 23 vacantes por la jubilación de Fernando Pignatelli (casi un 30% de la plantilla), y con el segundo presidente "por suplencia" del CGPJ, cuyo órgano está fracturado y en descomposición con tan solo 16 vocales y sus funciones limitadas cuando se asoma a los cinco años de una interinidad enquistada.

Desde el Supremo y el CGPJ tildan de "vergüenza" todo el panorama que asola al Poder Judicial porque son conscientes de que el bloqueo de la renovación del Consejo "pinta con volverse endémico" porque no parece que sea una prioridad para el futuro gobierno, sea cual sea.

En el mejor de los casos, con un gobierno constituido antes de finales de año y con voluntad entre los dos grandes partidos para desbloquear la situación, la renovación del CGPJ no sería inmediata sino que llevaría tiempo por los plazos que marca la ley, como aseguran varios vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Mientras tanto son ya 83 las vacantes que restan por cubrir en la cúpula judicial del país ante la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos estando en funciones, 23 de ellas en el Supremo, que lleva tiempo advirtiendo del riesgo de colapso debido a la "insostenible" situación del alto tribunal.

Una anormalidad que tendrá su reflejo en el propio acto protocolario ya que debido a la bicefalia que hay en el Supremo y el CGPJ, será la primera vez que el presidente del Poder Judicial, en este caso Vicente Guilarte, no intervenga, sino que será Marín Castán como presidente del alto tribunal.