• Los esfuerzos y objetivos asumidos por España en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética comprometen al Estado en su conjunto, incluidas las comunidades autónomas.
• Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León y La Rioja todavía no han comenzado a elaborar sus planes de energía y clima para contribuir a alcanzar la neutralidad climática en España antes de 2050.

El calentamiento global aumenta a un ritmo tan acelerado que, a menos que se reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, será prácticamente imposible cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC o incluso a 2ºC. Así lo reveló el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicado el pasado mes de agosto, ampliamente debatido durante la reciente Cumbre Mundial del Clima (COP 26) celebrada en Glasgow, que además señala la acción humana como principal causante del cambio climático.
 
La lucha contra el cambio climático no solo concierne a los Estados: es una responsabilidad compartida que incluye a todos los niveles de la Administración. En España, las comunidades autónomas juegan un papel determinante para alcanzar los objetivos previstos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y lograr la neutralidad climática antes de 2050. De acuerdo con esta Ley, a partir del próximo 31 de diciembre, las comunidades autónomas deberán informar a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de sus planes de energía y clima en vigor. En este contexto, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha elaborado el informe 'El rol de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático: planes autonómicos de energía y clima' en el que se analizan los avances de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático. En particular, el informe examina el régimen constitucional de distribución de competencias en materia de cambio climático y transición energética, analiza el estado actual y el contenido de los planes autonómicos de energía y clima, así como el marco institucional y los mecanismos existentes para realizar, a nivel autonómico, el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes y/o estrategias de energía y clima.
 
Tal y como señala Ana Barreira, directora del IIDMA y coautora del informe, “las negociaciones internacionales en materia climática, donde participan los Estados, son esenciales para establecer la senda de la acción, pero la acción climática debe producirse no solo a nivel nacional sino también subnacional. Por eso, en nuestro país las comunidades autónomas desempeñan un papel esencial para aplicar los compromisos internacionales y, por ello, los planes autonómicos de energía y clima son un elemento clave para contribuir al logro de un clima estable”.

 
En octubre de 2021, a excepción de Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León y La Rioja, la mayoría de las comunidades autónomas ya habían comenzado a elaborar o adoptado sus respectivos planes de energía y clima para el horizonte 2030 o, en algunos casos, para 2050. No obstante, existen diferencias significativas en la forma en que las regiones están diseñando su planificación y en los compromisos climáticos asumidos. Según el informe elaborado por el IIDMA, el desarrollo de estos planes autonómicos es fundamental para alcanzar los objetivos establecidos en la citada Ley estatal y en el Acuerdo de París, pero las comunidades autónomas deben tener en cuenta las reglas de distribución de competencias establecidas en la Constitución, asegurando que sus actuaciones no invadan otros ámbitos de competencia estatal o local.
 
La Sentencia 87/2019, de 20 de junio, del Tribunal Constitucional, por la que se declaró la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la Ley Catalana de Cambio Climático, ha declarado que las comunidades autónomas no pueden establecer objetivos concretos, esto es, cuantitativos, mensurables y a término, de reducción de emisiones y de transición energética (energías renovables y eficiencia energética), por vulnerar la legislación básica del Estado y el ámbito competencial estatal.
 
No hay que olvidar que los esfuerzos y objetivos asumidos por España en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética comprometen al Estado en su conjunto, incluidas las comunidades autónomas, debiendo atenderse al contexto y realidad particular de cada región.
 
En este sentido, Alba Iranzo, abogada ambiental del IIDMA y coautora del informe, indica: “Hay que tener en cuenta que en España no se ha realizado un reparto específico de esfuerzos entre comunidades autónomas para combatir el cambio climático e impulsar la transición energética. Si bien se está avanzando en este reto a nivel autonómico, es fundamental promover una mayor coordinación y colaboración interadministrativa entre el Estado y las comunidades autónomas para asegurar que los compromisos, medidas y acciones propuestas a nivel regional en los planes de energía y clima y/o en las leyes autonómicas de cambio climático sean coherentes y contribuyan a cumplir con los objetivos asumidos por España a medio y largo plazo”.

 
Desde el IIDMA, sobre la base del análisis realizado en este informe, se formulan las siguientes recomendaciones, necesarias para el impulso de una acción climática coherente entre administraciones que permita alcanzar el objetivo de neutralidad climática en España, a más tardar, en 2050:

• Todas las comunidades autónomas deben informar a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de sus planes y/o estrategias de energía y clima en vigor a partir del 31 de diciembre de 2021. Por ello, las que aún no han comenzado a elaborar o no han adoptado sus respectivos instrumentos de planificación, deben avanzar sometiendo sus planes y/o estrategias al correspondiente procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, cuando sea legalmente requerido.
• Es necesario garantizar que las Administraciones Públicas respeten la distribución competencial estatal, autonómica y local en materia de cambio climático y transición energética, a fin de evitar futuros conflictos de competencia entre los tres niveles de gobierno, pues la litigiosidad podría retrasar el logro de los objetivos asumidos.
• Dadas las diferencias identificadas en la planificación y normativa en materia de energía y clima entre comunidades autónomas, es fundamental promover una mayor coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración de las 17 autonomías. Entre otros, el IIDMA propone que esta coordinación y colaboración tenga lugar a través de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, con la colaboración de las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente y de Energía.
• Se recomienda que la Administración General del Estado valore, junto con los representantes de las Administraciones autonómicas, la posibilidad de acordar un reparto específico de esfuerzos a nivel autonómico, atendiendo al contexto y realidad particular de cada región.
• Los objetivos, medidas y líneas de actuación en el corto y medio plazo adoptadas por las comunidades autónomas deben alinearse con el objetivo establecido en la Estrategia a Largo Plazo 2050 y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de alcanzar la neutralidad climática lo antes posible y, a más tardar, en 2050.
• Para garantizar la efectividad de la planificación autonómica en materia de energía y clima, es esencial que los órganos de gobernanza designados a nivel regional lleven a cabo, con carácter periódico, un seguimiento y evaluación de los objetivos y el nivel de ejecución de las medidas establecidas a medio y largo plazo en los planes y/o estrategias de energía y clima.
• Por último, se recomienda acordar entre comunidades autónomas y la Administración General del Estado el contenido mínimo que deben incluir los planes y/o estrategias autonómicas de energía y clima.

Consulte aquí el informe: 'El rol de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático: planes autonómicos de energía y clima'.