Madrid, 23 abr (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

En rueda de prensa posterior el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado el contenido de este plan que busca reparar a las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica que "durante décadas han sido olvidadas y orilladas" y a las que "nadie prestó atención".

Para ello, el Gobierno contempla indemnizaciones económicas y confía en que la Iglesia sufrague y asuma dicho coste. En este sentido, Bolaños ha explicado que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Conferencia Episcopal (CEE).

"Me parece que la Iglesia católica tiene voluntad de colaborar", ha dicho Bolaños, que el pasado jueves mantuvo una reunión con el presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal (CEE). "Me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia", ha añadido.

El plan que ha presentado el Gobierno estará vigente entre 2024 y 2027 y se basa en las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en su informe sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia.

En él -ha recordado Bolaños- el Defensor señalaba que era imprescindible responder como poder público a los abusos sexuales que durante décadas se cometieron en el seno de la Iglesia. "Para ello, los poderes públicos tenemos la obligación de reconocer el daño, de prevenir y de reparar".

Con ese ánimo, el Gobierno quiere "salvar la deuda" con las víctimas y ha presentado este 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos' que contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.

El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias de las Cortes, que fue presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440.000 personas.

"Son cifras muy altas que nos deberían impactar", ha señalado Bolaños.

Entre las recomendaciones del Defensor, el plan también asume la celebración de un acto público con las víctimas de abusos sexuales y con sus familiares, que supondrá una reparación simbólica.

Una reparación que debe venir acompañada de una reparación material "adecuada" y "suficiente" y, para ello, el Gobierno adoptará las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, bien por ser casos muy antiguos, bien por estar prescritos o bien porque no existen pruebas.

Así, se contemplan medidas como ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años y se reforzará el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la ley de garantía integral de la libertad sexual.

En cuanto a la atención integral a las víctimas, Bolaños ha destacado que se incidirá en un trato adecuado en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito y se procurarán entornos seguros para no revictimizar a los afectados en los procedimientos judiciales.

Además, garantiza la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales y, en el ámbito de la prevención, reforzará las labores de supervisión en las inspecciones educativas, además de modificar el real decreto de inspección educativa para formar y dar mayores competencias a los inspectores en las escuelas.

Se creará la figura del coordinador de bienestar y de protección en los centros docentes y se impartirán cursos de formación para quienes tengan trato habitual con menores.

Además, se elaborará un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia.

El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.