La habilitación parcial del mes de agosto para la celebración de vistas y el transcurso de plazos procesales entre los días 11 y 31, como parte del plan para recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento en pleno estado de alarma -incluida en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de abril-, ha causado un gran malestar entre abogados y procuradores, que mostraron desde el principio su oposición al considerar que se estaba vulnerando su derecho al descanso

El inicio de ese periodo hábil la pasada semana ha generado además las críticas tanto del Consejo General de la Abogacía como de diferentes Colegios de Abogados al constatar que la medida, lejos de resolver los problemas, está causando perjuicios a los profesionales de la Abogacía.

La Abogacía se opuso desde el principio a esta medida y propuso en ese momento concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en este mes, salvo siempre las actuaciones urgentes, de modo que pudiera desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre. La reclamación de agosto inhábil fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso pero no se tramitó porque se marcharon de vacaciones dejando sin descanso a abogados y procuradores. Por tanto, ha quedado en un hecho testimonial que no llegará al Senado hasta el mes de septiembre, cuando ya no tenga remedio.

Los Colegios de Abogados también se han manifestado en este sentido, expresando su frontal oposición y su profundo malestar ante esta decisión del Ministerio de Justicia porque, a efectos prácticos, los abogados y abogadas se han quedado sin posibilidad de descansar en el mes de agosto, un mes que tradicionalmente ha sido inhábil. También critican los Colegios la poca efectividad de la medida, puesto que en los juzgados gran parte del personal, así como jueces y letrados, disfrutan de días de descanso, por lo que la mayoría de los escritos no se tramitarán hasta septiembre.

Desde los Colegios de Abogados se denuncia la falta de sensibilidad con los profesionales de la Abogacía, puesto que esta situación genera desigualdades y una situación muy injusta para los mismos, afectando a su derecho a la conciliación y al descanso. Igualmente, los Colegios se muestran convencidos de que los problemas de la Administración de Justicia no se resuelven habilitando agosto, sino que se trata de un problema estructural, cuya resolución pasa por habilitar más personal, medios, inversiones y refuerzos.

Además, otra queja reiterada de los Colegios es que no se ha respetado el compromiso de los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia de que no se iban a practicar notificaciones en agosto, añadiendo que se están recibiendo notificaciones de asuntos que no son urgentes.