Un acto en el que han intervenido también la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
Sánchez-Cortés ha defendido la celebración de este tipo de foros en los que se debate no solo sobre los instrumentos para luchar contra el delito y proteger a la víctima, sino también sobre los mecanismos de prevención para intentar erradicar toda forma de violencia. En esa línea, ha recordado a las 32 mujeres que han perdido la vida en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas.
La secretaria de Estado ha destacado el compromiso del Gobierno central en el ámbito de la aplicación normativa respecto a las víctimas. Una pieza clave en la protección, reconocimiento y defensa de su dignidad es, ha señalado, la ley que regula el Estatuto de la Víctima del Delito, en la que por primera vez en nuestra historia se reconoce a las víctimas un Estatuto propio que amplía sus derechos, obliga a una sentencia personalizada, pretende evitar una segunda victimización y consagra el principio de humanidad hacia la víctima.
La reforma del Código Penal recoge una mejora de la respuesta penal a la violencia contra las mujeres y frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial incrementa las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, garantiza asistencia especializada a las víctimas en los Institutos de Medicina Legal y refuerza la formación especializada de todos los operadores jurídicos.
Asimismo, Sánchez-Cortés ha destacado la importancia del uso de LexNET y del avance de las nuevas tecnologías que van a permitir una respuesta más rápida y ágil a las víctimas.
En materia de asistencia jurídica gratuita se ha hecho un esfuerzo relevante al incluir a las víctimas de violencia de género entre otros colectivos especialmente vulnerables. Asimismo, se reconoce por primera vez a los menores como víctimas de violencia de género y se establece que tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección.
A la Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género con la que España se ha convertido en un país de vanguardia al establecer una hoja de ruta de medidas dedicadas a la prevención, detección de malos tratos, sensibilización, atención personalizada y asistencia a los grupos más vulnerables, hay que sumar, tal y como ha señalado Sánchez-Cortés, la mejora en la dotación de medios humanos y materiales. Así, el Ministerio de Justicia ha destinado este año 45 millones de euros a estas acciones.
De cara al futuro, la secretaria de Estado ha hecho un llamamiento a forjar amplios consensos en el marco de una Estrategia Nacional en la que la Justicia sea un eje estratégico al servicio de la sociedad y del progreso del país. Un agente cuya prioridad siga siendo perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia de género y la protección de los menores, en el que la víctima debe seguir siendo el centro. Y en ese objetivo ha destacado el papel esencial de los abogados que asesoran, defienden y acompañan a este colectivo.
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