En las series y películas norteamericanas sobre abogados se habla con frecuencia de los casos pro bono. Y eso ha llevado quizás a que no se entienda bien en qué consiste en España. ¿Qué es la abogacía pro bono? ¿Qué tiene que ver con la justicia gratuita? ¿Cómo desempeñarla?  ¿Cuál es su ámbito de actuación? Todo eso se aclaró en la Conferencia de los Lunes: Abogacía pro bono: responsabilidad social, desde el respeto a la justicia gratuita, impartida de manera online.

“No hay un concepto único y cerrado de pro bono, es la abreviatura de pro bono publico –por el interés público-  y  ahí puede entrar todo. Lo llamemos como lo llamemos, son actividades solidarias para colectivos vulnerables más desfavorecidos”, afirmó el abogado Luis Nieto, autor del manual Turno de Oficio y Justicia Gratuita

“El pro bono sería la asistencia y asesoramiento de aquellas personas o colectivos excluidos del ámbito de la justicia gratuita. También acciones fuera de las actuaciones legales que entran dentro de la responsabilidad social”, contó Javier Martín, decano del Colegio de Abogados de Valladolid, quien reconoció que es un término que “genera confusión y equívocos, puede hacer pensar en el pro bono de los grandes despachos norteamericanos, que en nuestro país se engloba en la justicia gratuita”. Por eso Martín sugirió en su momento cambiarle el nombre para llamarlo responsabilidad social de la abogacía.

El nuevo Estatuto de la Abogacía, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, habla precisamente en su articulo 75 de la acción social de los Colegios de la Abogacía: “Sin perjuicio de las competencias de los Colegios derivadas de la legislación sobre asistencia jurídica en materia de servicios de orientación jurídica, los Colegios podrán organizar y prestar servicios gratuitos, con o sin financiación externa pública o privada, dedicados a asesorar o, en su caso, defender a quienes no tengan acceso a otros servicios de asesoramiento o defensa gratuitos y se encuentren en situaciones de necesidad, desventaja o riesgo de exclusión social”.

No hay que confundir el pro bono con el turno de oficio, con el que hay que evitar injerencias, explicaron los ponentes.  “El pro bono que propugnamos no es una competencia a la justicia gratuita, a lo sumo funciona como complemento, no se trata de llevar casos de la justicia gratuita al pro bono, al revés sí, puede  haber casos que se reconducen luego a la justicia gratuita”, afirmó Nieto.

“Hay colectivos en riesgo de exclusión que no conocen ni siquiera sus derechos ni el recurso a la justicia gratuita. Hay además mucha actividad más allá de los tribunales en la que también se puede participar pro bono, como actividades de información, asesoramiento, de sensibilización…”, contó Nieto, que puso varios ejemplos de estas actividades llevadas a cabo por los diferentes Colegios de la Abogacía.

Precisamente Patricia Campomar, presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Baleares, contó cómo han desarrollado esta abogacía pro bono en dicho Colegio desde hace 10 años. “Queríamos desarrollarla, pero teníamos que dejar claro qué era, para que no hubiera miedo de que quita trabajo a los abogados del turno de oficio”, explicó.  Por ello lo definieron como “la participación voluntaria y desinteresada del colegio y/o sus colegiados en acciones de contrastado beneficio social mediante su colaboración altruista en la defensa de causas vinculadas con el bien común e interés público, a través de las que se beneficiarán personas de especial vulnerabilidad, siempre a través de las instituciones que les asisten”.

“No consiste en la defensa de casos individuales, para eso ya existe una abogacía de turno de oficio. Se trata de la defensa de causas”, contó Campomar. “La idea era colaborar con la sociedad, actuando por el bien de esta sin dejar de ser abogados”.

Uno de los ejemplos más claro de esa labor pro bono en Baleares, contó, es la colaboración con la clínica jurídica de la Universidad de las Islas Baleares (una de las 30 que hay en España) y asociaciones como Caritas o Cruz Roja, mediante la cual alumnos de los últimos cursos de Derecho, tutorizados por abogados, atienden consultas legales de personas a través de esas dos asociaciones. “Les permite tratar casos vivos y la parte más social del Derecho; la clínica jurídica es un método único de aprendizaje de lo que es el Derecho”, contó Margarida Capellá, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de las Islas Baleares, al frente de la clínica jurídica que empezó a funcionar en 2012 en dicho centro. “Trabajamos por el empoderamiento jurídico de quien no sabe que tiene derechos”, añadió Capellá.