Ante un auditorio repleto, representantes de la abogacía, la judicatura y los medios de comunicación participaron ayer en la primera jornada de “Aula de Debate: Justicia, Abogacía y Sociedad”, un foro que ha puesto en marcha el Colegio de Abogados de Madrid para analizar temas de actualidad aunando la perspectiva jurídica a la de otros sectores representativos de la sociedad.
Para su estreno, Aula de Debate se ocuó de “La incomprensión social del derecho de defensa en casos de delitos graves y de proyección mediática”, con la intervención del magistrado Arturo Beltrán Núñez, la periodista Cruz Morcillo y el abogado Endika Zulueta San Sebastián.
En la presentación de la mesa redonda, el diputado de la Junta de Gobierno y responsable de formación del ICAM, Raúl Ochoa, denunció la gravedad que supone identificar al abogado que asume la defensa con la conducta del imputado, cuando es “parte de la obligación y la labor profesional del letrado”. Ochoa, que también solicitó la cooperación de los medios “para que no fomenten esas actitudes”, reconoció que parte del rechazo social proviene del concepto que algunos abogados tienen de sí mismos cuando rechazan abiertamente la posibilidad de defender determinados casos, pues “equivale a conculcar el derecho de defensa de todas las personas”.
En línea con esta argumentación a favor del derecho de defensa, el presidente de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial, Arturo Beltrán, señaló que la sociedad tiende a demonizar determinados delitos: en los años 80 fueron los crímenes de terrorismo, a continuación los de narcotráfico y en la actualidad los delitos contra la indemnidad sexual y víctimas especialmente débiles. “El abogado es el quicio de la sociedad democrática, el estímulo del poder judicial”, indicó Beltrán. Por eso, que el abogado sea reprobado “conlleva un deterioro singularmente terrible del Estado de Derecho pues, sin defensa, el juez nunca podría dictar una resolución verdaderamente justa”, concluyó el magistrado.
Desde la perspectiva de los medios de comunicación, Cruz Morcillo destacó las diferencias entre prensa escrita y televisión, pues “la absorción que tiene la imagen condiciona todo lo que se cuenta y cómo se cuenta”.
Para la periodista, la proyección mediática de los casos más sensibles está intrínsecamente relacionada con la cantidad de medios en nuestro país dedicados a los sucesos: “son temas que dan dinero y no hay un solo medio que no ofrezca este tipo de información, pues al fin y al cabo estamos hablando de un negocio”, declaró. Aunque Morcillo recordó que “los periodistas no están obligados a cumplir el secreto de sumario”, reconoció que “queda por hacer en cuanto a pedagogía para que los abogados sean considerados un operador esencial del Estado de Derecho, y eso forma parte de la responsabilidad social de los periodistas”.
“El respeto de los derechos fundamentales no puede exigírsele a los medios de comunicación, pero sí a las administraciones y entes públicos”, afirmó el abogado Endika Zulueta, poniendo el foco de atención en los poderes públicos y el tratamiento que realizan de los casos más mediáticos. En este sentido, el penalista recordó la Directiva 2016/343 que regula la presunción de inocencia en Europa y establece que no se debe señalar a los imputados como culpables mientras no exista sentencia condenatoria firme. Una obligación que la Guardia Civil incumple sistemáticamente, según Zulueta, “dictando fallos en sus notas de prensa, lo cual incide directamente en la labor profesional del letrado”.
Por último, el abogado destacó la importancia de que la sociedad “asuma como propio el derecho de defensa y la presunción de inocencia”, y abogó por aplicar la pedagogía personal desde el seno de la profesión: “responder con orgullo que no se defiende el hecho imputado, ni a la persona, sino los derechos fundamentales del cliente”, los cuales son comunes a toda la sociedad, y cuya defensa contribuye a que “avancemos en materia de derechos”.
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