“Mi esposa recibió hace una semana una llamada de alguien que le dijo que corríamos peligro porque ahora que se acercan las elecciones la situación es de más riesgo y por eso era mejor que nos fuéramos antes de que nos detuvieran”, cuenta el letrado, que también fue fiscal.
Desde 2018, cuando empezó a defender a presos políticos, López Cruz sufrió “hostigamientos continuos” por parte de la policía, con continuas visitas a su casa. Y también dificultades para ejercer su trabajo. “No me dejaban acceder a la información, no me facilitaban los expedientes, había un total secretismo. Me cerraron todas las puertas, incluso de los casos privados porque ellos decían que como soy abogado golpista, que es como nos llaman a los que defendemos presos políticos, pues los jueces no nos iban a resolver y así te limitaban el derecho a trabajar”.
La situación empeoró en mayo cuando asumió la defensa del precandidato presidencial Feliz Maradiaga, cuando este fue detenido. “A raíz de eso comenzó una persecución todavía más masiva, llegaban a buscarme en todos los lugares donde vive mi familia, agredieron a mi hijo en la universidad… Y decidimos que lo mejor era salir de allá”.
Tras salir precipitadamente de Managua la semana pasada el letrado llegó a Madrid donde va a solicitar asilo político. El Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo, del que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española como miembro fundador, está prestando asistencia a López Cruz y su familia ante su nueva situación y el inicio de los trámites.
El letrado se muestra muy pesimista sobre la situación en su país: “A corto plazo está muy difícil, no creo que vaya a haber un cambio, va a depender de la presión internacional e interna. Tiene que haber una coordinación de la gente de fuera y la que esté dentro. El gobierno [de Daniel Ortega] lo controla todo, la policía, el poder judicial…”.
En los últimos meses han sido varios los abogados nicaragüenses que se han visto obligados a huir del país.
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