• Durante 2024, el ICAM gestionó 15 peticiones de amparo por situaciones de acoso, agresiones o amenazas padecidas en el ejercicio profesional, lo que supone un aumento del 200% frente a las 5 solicitudes contabilizadas el año anterior.
• Los profesionales del turno de oficio sufren una mayor exposición a este tipo de conductas, según el informe publicado por el ICAM con motivo del Día de la Abogacía en Riesgo

Con motivo el Día de la Abogacía en Riesgo, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha publicado este viernes su informe anual sobre letrados amenazados, que refleja un alarmante incremento en las solicitudes de amparo colegial por situaciones de acoso, agresiones o amenazas padecidas en el ejercicio profesional. Durante 2024, el ICAM gestionó 15 peticiones de amparo por alguna de estas causas, frente a las 5 del año anterior, lo que supone un aumento del 200%.

Además, el número total de incidencias registradas por amenazas a profesionales de la abogacía se ha incrementado un 125% en el último año, pasando de 35 casos contabilizados en 2023 a 79 en 2024.

Junto al preocupante aumento cuantitativo, el informe revela una mayor exposición de mujeres y profesionales del turno de oficio a situaciones de riesgo en el ejercicio de la abogacía. Asimismo, pone de manifiesto la persistencia de una diversidad de amenazas y situaciones de acoso, provenientes principalmente de clientes, que afectan a la libertad y seguridad de los letrados.

"La abogacía no puede ejercer su labor en un clima de intimidación o acoso. Es inadmisible que los letrados, en el ejercicio de su función esencial para garantizar los derechos de los ciudadanos, se enfrenten a situaciones que comprometen su integridad física y emocional”, denuncia el Decano Eugenio Ribón. Cada amparo concedido por el Colegio no solo protege al profesional afectado, sino que también reafirma nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la libertad e independencia de la abogacía. Desde el ICAM seguiremos trabajando para que ningún letrado se sienta solo ante este tipo de amenazas", advierte.

De las 15 solicitudes recibidas en 2024, la Junta de Gobierno del ICAM concedió el amparo en cuatro casos, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de actuación en situación de acoso/amenazas y/o agresiones. Las situaciones denunciadas incluyen un amplio abanico de conductas amenazantes, intimidatorias, vejatorias o abusivas por parte de los clientes, comprometiendo la integridad personal y profesional de los abogados y abogadas afectados.

“Minusválida, ¿estás despierta?”

Uno de los casos más graves registrados en 2024 fue el de una letrada asignada por el Turno de Oficio que fue víctima de acoso por parte de su cliente, quien envió mensajes con insultos discriminatorios relacionados con su discapacidad. Según el relato de la abogada, el cliente comenzó a enviar mensajes amenazantes e insultantes de manera sistemática, logrando incluso hacerse con su número de teléfono personal, a pesar de que nunca se lo había facilitado. Ante la insistencia y el tono intimidante de los mensajes, la letrada se vio obligada a bloquear al cliente de su teléfono particular.

El acoso escaló cuando el cliente envió varios mensajes de WhatsApp a su número profesional, incluyendo expresiones vejatorias como: "minusválida, ¿estás despierta?", en clara alusión a la discapacidad reconocida de la letrada. Según detalla la denuncia presentada, las comunicaciones alternaban entre agresiones verbales y conversaciones aparentemente normales, dependiendo del estado de ánimo del cliente.

Además de los mensajes, la letrada denunció un incremento en la agresividad de las interacciones, lo que afectó no solo a su estabilidad emocional, sino también a su capacidad para llevar a cabo su trabajo con normalidad. La situación se complicó aún más debido a las reiteradas llamadas telefónicas del cliente, que llegaron a colapsar las líneas de atención de su despacho.

Ante la gravedad de los hechos, la abogada solicitó al ICAM medidas de amparo y denunció al cliente por acoso y amenazas. La Junta de Gobierno del ICAM otorgó el amparo colegial y respaldó a la letrada en la solicitud de medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación, necesarias para proteger su integridad y garantizar su seguridad.

Acoso digital prolongado y daño reputacional

Otro de los letrados amparados por el ICAM fue víctima de una intensa campaña de acoso digital por parte de una clienta insatisfecha a la que asistió por designación de oficio. La relación profesional, inicialmente cordial, se deterioró a medida que el letrado explicó a la clienta las limitaciones legales para paralizar el proceso y las consecuencias de no seguir las recomendaciones jurídicas. Esto provocó una reacción desmedida por parte de la clienta, que inició una campaña difamatoria en internet.

La clienta creó un blog donde publicó mensajes insultantes, fotografías del abogado y contenido vejatorio, como comparaciones con monos y referencias despectivas a su apariencia y profesionalidad. Estas publicaciones, diseñadas con técnicas avanzadas de posicionamiento SEO, hicieron que los resultados de búsqueda del abogado en internet quedaran asociados a estas imágenes y comentarios, dañando gravemente su reputación profesional. La situación fue denunciada ante el ICAM, que intervino para ofrecer apoyo legal y psicológico.

El acoso persistió incluso después de que Google ordenara la retirada de las imágenes iniciales, lo que llevó al abogado a renunciar a la defensa de la clienta. El impacto de esta campaña fue devastador para su carrera profesional, generando ansiedad y dificultades económicas debido a la pérdida de clientes potenciales.

Amenazas y descalificaciones constantes

También asignada por el Turno de Oficio, una de las letradas amparadas por el Colegio madrileño sufrió un acoso sistemático por parte de su clienta, quien envió decenas de mensajes insultantes, realizó múltiples llamadas intimidatorias y la desacreditó públicamente durante una vista judicial.

La clienta no aceptaba las recomendaciones técnicas de la letrada y la acusaba repetidamente de actuar en contra de sus intereses. Esta situación se materializó en una avalancha de mensajes insultantes, correos electrónicos y llamadas telefónicas intimidatorias, que incluían acusaciones de corrupción, desobediencia y negligencia.

Durante una vista judicial, la clienta llegó a desacreditar públicamente a la abogada, acusándola de no haber preparado adecuadamente el caso y de estar "comprada" por la parte contraria. Los mensajes, plagados de descalificaciones personales, provocaron un fuerte desgaste emocional a la abogada y afectaron su desempeño profesional. En varias ocasiones, la clienta le envió largas grabaciones de voz, mensajes amenazantes y más de 50 correos electrónicos en los que cuestionaba su capacidad como letrada.

El ICAM intervino otorgando el amparo colegial y brindando a la letrada apoyo integral, incluyendo la tramitación de acciones legales para frenar el acoso.

Acoso telefónico masivo y amenazas veladas

El cuarto letrado amparado por la Junta de Gobierno fue víctima de un caso extremo de acoso telefónico por parte de un cliente con antecedentes de comportamiento similar. Desde el inicio de la relación profesional, el cliente utilizó múltiples números de teléfono para realizar llamadas constantes, llegando a superar las 450 llamadas en un solo fin de semana. Además, enviaba mensajes de WhatsApp con un tono agresivo y amenazas veladas.

La situación escaló cuando el cliente comenzó a realizar llamadas con número oculto, dificultando aún más su identificación y generando un ambiente de inseguridad para el abogado y su entorno profesional. Según el letrado, el cliente no mostraba interés en la resolución de su caso, sino que utilizaba las comunicaciones como un medio de intimidación.

El acoso no solo afectó la salud emocional del abogado, sino que también impactó en el funcionamiento diario de su despacho, provocando un estado constante de alarma. La Junta de Gobierno del ICAM concedió el amparo colegial y respaldó al abogado en la denuncia formal contra el cliente, reforzando así las medidas de protección para garantizar su seguridad.

Una realidad preocupante

Para Javier Mata, Diputado responsable de Defensa de la Abogacía, el aumento de las solicitudes de amparo refleja una realidad preocupante ante la que es necesario actuar de manera contundente. Por eso, el ICAM ofrecer un respaldo integral a los abogados que sufren acoso, amenazas o agresiones, siguiendo un protocolo reforzado de actuación. “Nuestro apoyo abarca desde asesoramiento jurídico y ayuda psicológica hasta la representación legal necesaria para garantizar su protección. La abogacía es un pilar fundamental de la justicia, y no podemos permitir que los profesionales que la ejercen vean afectadas su seguridad y su dignidad."

Por su parte, el Diputado del ICAM responsable de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo lamenta que, a pesar de ser una pieza esencial del sistema de justicia en España, la abogacía de oficio es también uno de los colectivos más expuestos a este tipo de situaciones. “Los abogados del Turno de Oficio no solo deben gestionar casos complejos, sino que muchas veces se enfrentan a un trato hostil por parte de clientes o terceros. En el ICAM estamos plenamente comprometidos con su protección, reforzando el apoyo institucional y asegurándonos de que quienes eligen esta vocación tengan las herramientas necesarias para ejercerla con plena seguridad y tranquilidad. No escatimaremos esfuerzos para respaldar a estos profesionales que son la última línea de defensa para muchos ciudadanos", señala.

En ese sentido, Mayllo subraya la capacidad del amparo colegial para combatir este tipo de conductas. “De los tres casos en que la Junta de Gobierno me designó para la defensa del colegiado amparado, uno acabó en condena por un delito leve de lesiones y un delito leve de amenazas. En los otros dos, se han dictado autos de apertura de juicio oral por acoso, por lo que acabarán con sentencia en el juzgado de lo penal.” Tres ejemplos que demuestran que el amparo colegial no es un gesto simbólico, sino una herramienta efectiva para garantizar la justicia y el respaldo necesario a los letrados que ven amenazada su labor.

En el marco de su compromiso con la defensa de la abogacía, el ICAM pondrá en marcha una campaña en redes sociales para seguir visibilizando estos casos y concienciar sobre la importancia de denunciar cualquier tipo de amenaza, acoso o agresión en el ejercicio de la abogacía.

Amparo colegial

El amparo colegial es un mecanismo esencial para salvaguardar la dignidad y la independencia de los abogados en el ejercicio de su profesión. Este artículo explora su regulación y aplicación, así como su importancia en la protección de los derechos fundamentales de los profesionales del derecho.

De acuerdo con el artículo 58 del Estatuto General de la Abogacía, el amparo colegial tiene como finalidad garantizar el respeto a la dignidad, independencia y libertad de los abogados en el ejercicio de su labor, especialmente frente a acciones que puedan amenazar estos principios por parte de autoridades, tribunales o juzgados.

El artículo 31 de los nuevos Estatutos del Colegio de la Abogacía de Madrid establece que una de las responsabilidades de su Junta de Gobierno es asegurar que los abogados puedan ejercer su profesión con plena independencia y libertad. Esto incluye la protección de los derechos de defensa y la implementación de acciones adecuadas para preservar la dignidad de la profesión y el derecho fundamental de defensa de los ciudadanos.

El Protocolo de actuación en situaciones de acoso, amenazas y/o agresiones a profesionales de la abogacía señala que, aunque las principales amenazas a la libertad e independencia de los abogados suelen provenir de los poderes públicos y sus agentes, también se han identificado casos en los que estas amenazas surgen de clientes, partes contrarias o terceros. En tales situaciones, además de las acciones judiciales pertinentes, se recomienda una intervención colegial efectiva que ofrezca apoyo, acompañamiento y protección a los abogados afectados.

Por otra parte, el ICAM recuerda que el amparo colegial no debe ser utilizado para resolver discrepancias relacionadas con cuestiones procesales o de derecho sustantivo, ya que estas pertenecen al ámbito jurisdiccional y deben ser resueltas a través de los recursos legales establecidos. Además, el amparo no puede ser interpretado como un apoyo colegial a las pretensiones de una de las partes, dado que los principios de igualdad y neutralidad institucional exigen un respeto absoluto a la dinámica y confrontación entre las partes en un proceso judicial.