Madrid, 3 feb (EFE).- Miles de abogados y procuradores, hasta 20.000 según los organizadores y unos 6.500 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado por el centro de Madrid para reivindicar una jubilación digna y poder pasarse de sus mutuas al régimen general de autónomos llevándose el dinero invertido, ya que si no cobrarán pensiones de 500 euros.

"Por una jubilación digna, pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) ya" ha sido una de las pancartas que han presidido la marcha, que ha comenzado en dos lugares (las sedes de las mutuas de ambos colectivos) para luego confluir en el Paseo de Recoletos y dirigirse juntos hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto.

La manifestación, en la que también se ha reclamado un turno de oficio digno, se ha caracterizado por el color negro de la togas de los letrados, que han querido así representar el oscuro futuro que les espera si no se cambia la normativa actual, según los colectivos convocantes, entre ellos el Movimiento J2 y el sindicato Venia.

Han coreado consignas como "RETA si, Mutua no", "Queremos igualdad, no caridad" y varios de ellos han portado un ataud que simulaba la muerte de un letrado mutualista a los cien años, y que "hasta ayer estuvo en activo" porque no se podía jubilar. Todos coinciden en que se sienten estafados por sus colegios profesionales, que en su día les dijeron que ser de la mutua era mejor que el régimen público.

Por su parte, fuentes del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) han expresado su "compromiso claro" con la defensa de los derechos e intereses de todos sus colegiados, así como su preocupación por la inquietud generada.

"Todos los esfuerzos del ICAM se orientarán a promover una solución satisfactoria y en ello lleva trabajando semanas", han precisado.

En este sentido, han señalado que el decano del ICAM se ha dirigido por escrito a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando una reunión urgente sobre este tema para analizar las posibilidades de regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social de los mutualistas que lo soliciten.

En el manifiesto, los convocantes aseguran que el fin originario de las mutualidades de abogados y procuradores, basado en la protección y la solidaridad, ya no se da, ya que ahora "están guiadas por criterios mercantilistas y se han convertido en compañías de seguros, no cumpliendo las exigencias y derechos a unas coberturas mínimas equiparables a cualquier trabajador de este país".

"Abogados y procuradores mutualistas nos enfrentamos hoy a pensiones de 300 a 500 euros tras 20, 30 y 40 años cotizados, en sólo 12 pagas y que no se actualiza con el índice de precios al consumo. A unas coberturas de incapacidad o por salud mental, que ni de lejos se asemejan a las coberturas de la Seguridad Social". añaden.

Por eso solicitan que se apruebe una ley que permita la posibilidad, con carácter voluntario e individual, de trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos las cantidades cotizadas en las mutualidades profesionales de Abogacía y Procura, computándose los años cotizados a efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, Enrique Santiago, ha participado en la manifestación poniendo de relieve que el suyo es el único grupo que defiende esta reivindicación y haciendo un llamamiento al resto para que se sumen ante "esta tremenda injusticia".

"Pensamos que en este país se ha cometido un gran fraude con la mutualidad de la abogacía. Durante años se han estado recogiendo aportaciones en muchos casos sin ni siquiera tener la posibilidad de optar a cotizar en el sistema público de pensiones", ha añadido, asegurando que se ha "engañado" a los letrados.

"La mutualidad se ha convertido en una inmensa operación de especulación inmobiliaria. Todo ese inmenso patrimonio inmobiliario tiene que pasar a disposición del Estado para poder garantizar unas pensiones dignas de jubilación", ha concluido.

Isabel Rabel, de Alter Mutua, ha explicado que hay afectados unos 100.000 profesionales que se dieron cuenta de la situación a la que se enfrentaban hace unos nueve meses, cuando la Mutualidad Abogacía hizo una nueva estimación de la pensiones que recibirían los mutualistas, y vieron que sus futuras pensiones serían muy bajas y que además no podían irse con su dinero.

Belén García García, portavoz del sindicato de abogados y procuradores Venia, ha defendido la necesidad de asegurar pensiones justas y también de que se dignifique el turno de oficio con condiciones y pagos adecuados.